El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió este miércoles a través de su cuenta de X a las críticas de la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien cuestionó su propuesta de que Nicolás Maduro sea juzgado en Venezuela tras su captura por Estados Unidos.
En su mensaje, el mandatario colombiano reafirmó su visión sobre el proceso de transición democrática que considera necesario para el país vecino.
“Yo estoy seguro que Venezuela debe iniciar una transición a más democracia y paz y eso se hace a través de un pacto de todos los sectores políticos y sociales sin exclusión de ninguno”, escribió Petro.
El presidente estableció un paralelismo directo con la situación de Machado, señalando que “toda exclusión, como la que se hizo con Corina, es perjudicial y genera odio y violencia”. Con esta declaración, Petro aludió a la inhabilitación política que sufrió la líder opositora por parte del régimen chavista, la cual le impidió participar como candidata en las elecciones presidenciales venezolanas.
El mandatario colombiano defendió su postura sobre el juzgamiento de Maduro basándose en principios de derecho internacional. “Venezuela con nosotros, enseñamos un principio universal: la soberanía, que incluye la justicia, a menos que construyamos justicia multilateral”, expresó en su publicación.
Esta declaración refuerza la propuesta que Petro presentó anteriormente durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe en Panamá, donde planteó la posibilidad de crear un “tribunal de las tres Américas” como alternativa para juzgar al mandatario venezolano capturado.
Contexto de la controversia
La polémica se originó cuando Petro solicitó que Estados Unidos devuelva a Maduro para ser juzgado en Venezuela, argumentando que la civilización latinoamericana es diferente a la anglosajona europea.
María Corina Machado respondió expresando su sorpresa ante esta petición, señalando que el presidente colombiano conoce bien la falta de independencia del sistema judicial venezolano.
Machado citó el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, encarcelada en 2009 tras emitir una sentencia contraria a los intereses del régimen de Hugo Chávez, para ilustrar los riesgos que enfrentaría cualquier magistrado que intentara juzgar a Maduro de manera imparcial en Venezuela.
