El presidente Gustavo Petro reaccionó este jueves a la afirmación del presidente del Consejo Superior de la Judicatura, quien sostuvo que “no se necesita una Asamblea Nacional Constituyente”. En su respuesta, el mandatario insistió en que las posturas que rechazan las reformas sociales son precisamente la prueba de la necesidad de convocar al poder constituyente.
“La misma tesis de no aceptar reformas sociales para construir un Estado Social de Derecho y la tesis que cree que la sola venta de las mercancías garantizará a toda la ciudadanía y niñez sus derechos fundamentales, son la prueba de la necesidad de una asamblea nacional constituyente”, afirmó Petro a través de su cuenta en la red social X.
El presidente aseguró que parte de la justicia desconoce la magnitud de la desigualdad en Colombia, a la que calificó como “el país más desigual del mundo”. Para él, esta situación contradice los principios del Estado Social de Derecho y constituye, en la práctica, un incumplimiento de la Constitución vigente.
Petro también aclaró que será la ciudadanía, como poder constituyente, quien defina si después de su gobierno, en 2026, habrá una Asamblea Nacional Constituyente. “Los pasos a seguir son exclusivamente de la ciudadanía”, recalcó, al tiempo que mencionó que ya existen sectores que evidencian la necesidad de este mecanismo.
“Un magistrado y seis senadores se han encargado de demostrar que se necesita Constituyente”, dijo el jefe de Estado, quien añadió que el camino para materializarla pasa por la configuración de un comité promotor compuesto por fuerzas sociales y la recolección de firmas para presentar el proyecto de ley que reglamente su funcionamiento.
Petro sostuvo que no se trata de redactar una nueva Carta Magna, sino de introducir reformas puntuales y urgentes. En su opinión, una eventual Asamblea Nacional Constituyente podría en tres meses realizar los ajustes estructurales que el país requiere en materia social, económica y política.
Las declaraciones del presidente llegan en medio del debate nacional sobre la viabilidad y pertinencia de abrir este proceso en el último tramo de su mandato, lo que ha generado posiciones divididas entre la rama judicial, el Congreso y distintos sectores sociales.
