El presidente Gustavo Petro anunció que su gobierno ya puso en marcha investigaciones contra empresas que pretendan aprovechar el incremento del salario mínimo para elevar sus tarifas de manera injustificada.
El mandatario advirtió que la Superintendencia de Industria y Comercio actuará como fiscalizador y los ciudadanos podrán denunciar directamente estos casos.
“Por eso se actúa ya investigando con la Superintendencia de Industria y Comercio toda empresa que suba irracionalmente sus precios al cliente”, afirmó Petro al detallar las medidas de control que acompañan el decreto del salario vital de dos millones de pesos para 2026.
El jefe de Estado habilitó un mecanismo directo para que cualquier colombiano reporte ante la entidad de vigilancia comercial aquellas compañías que registren alzas desproporcionadas en bienes o servicios tras el ajuste del 23% en el ingreso base mensual.
“La ciudadanía puede denunciar esas empresas a la Superintendencia”, señaló el presidente al explicar el rol activo que tendrán los consumidores en la fiscalización de precios. La advertencia busca evitar que el incremento salarial -que elevó el mínimo a $1.750.905- se convierta en pretexto para trasladar costos indebidos al mercado.
La declaración presidencial llega en medio de cuestionamientos del sector empresarial sobre presiones inflacionarias derivadas del decreto. Gremios como ANDI, Fenalco y Camacol han manifestado preocupación por el impacto en sus estructuras de costos, particularmente en industrias donde la nómina representa porcentajes importantes del gasto operacional.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, complementó el anuncio de Petro al confirmar que el Gobierno trabajará conjuntamente con la Superintendencia de Industria y Comercio para rastrear y sancionar conductas especulativas. La entidad actuará como investigadora y podrá imponer multas a quienes incurran en estas prácticas.
La Superintendencia dispone de plataformas digitales (www.sic.gov.co) y líneas telefónicas para recibir reportes ciudadanos sobre aumentos injustificados. Las denuncias pueden presentarse sin necesidad de agotar reclamaciones previas con las empresas señaladas, aunque se recomienda conservar evidencias de los incrementos reportados.
El decreto del salario mínimo vital entró en vigencia el primero de enero y beneficia directamente a 2,2 millones de trabajadores formales. Con auxilio de transporte incluido, el ingreso mensual alcanza los dos millones de pesos, representando el incremento más alto en más de dos décadas.
El Gobierno complementa la vigilancia presidencial con desindexación progresiva de tarifas vinculadas al salario mínimo. Hasta el momento, 225 productos y servicios fueron desvinculados de ese referente, mientras se preparan decretos para otros 14 ítems que incluyen vivienda de interés social, servicios públicos y transporte.
