Petro defiende decreto de la UNGRD y niega que buscara entregar un “cheque en blanco”

Petro insistió en que la intención del decreto no era detener recursos, sino "salvar vidas humanas" ante la megasequía
1 día atrás
Foto: Presidencia de la República.

El presidente Gustavo Petro le respondió a la senadora del Centro Democrático María Clara Posada, luego de que la congresista celebrara la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente dos artículos del Decreto 802 de 2026, que autorizaba el traslado de recursos hacia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para atender el fenómeno de El Niño.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario calificó como una mentira la afirmación de que se trataba de un “cheque en blanco” para la entidad, y precisó que el paso de los recursos por la UNGRD es un requisito legal obligatorio, pero que su ejecución correspondería a distintas entidades sectoriales previamente establecidas mediante convenios. Según el presidente, los recursos para agua potable serían manejados por el Ministerio de Vivienda y Agua Potable; los de alimentación, por el Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR); los de fertilizantes, por el Fondo de Fertilizantes del Ministerio de Agricultura; y los relacionados con energía solar, por el Ministerio de Minas y Energía y la empresa Gecelca.

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Petro insistió en que la intención del decreto no era detener recursos, sino “salvar vidas humanas” ante la megasequía que, según ha advertido, se configura como parte de los efectos del fenómeno de El Niño en el país.

El pronunciamiento del mandatario se dio en respuesta a la senadora Posada, quien había afirmado que, con la demanda presentada ante el Consejo de Estado, se logró frenar lo que calificó como “el cheque en blanco que Gustavo Petro quería entregarle a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”. La congresista destacó que el alto tribunal admitió la demanda de nulidad contra el Decreto 802 y suspendió cautelarmente dos artículos que, a su juicio, permitían transferencias de recursos indeterminados y contratación directa por parte del Gobierno nacional.

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