El presidente Gustavo Petro convocó a todos sus ministros para firmar el decreto que autoriza la consulta popular sobre derechos laborales, desconociendo el concepto negativo emitido por el Senado de la República.
La decisión del mandatario busca que los ciudadanos se pronuncien en las urnas sobre esta iniciativa, argumentando irregularidades en la votación adelantada por la plenaria del Senado.
El decreto incluirá la fecha para la votación ciudadana y establecerá la reglamentación de los comités del Sí y del No que podrán hacer campaña, según informó el ministro del Interior, Armando Benedetti. Esta medida llega después de que Petro considerara que los senadores cometieron irregularidades procedimentales durante el proceso de votación de la propuesta.
El registrador nacional Hernán Penagos recibió notificación oficial del Senado sobre el concepto desfavorable emitido por la plenaria, lo que coloca la decisión final en manos de la organización electoral.
Fuentes cercanas al proceso indican que Penagos podría esperar la resolución del Consejo de Estado sobre la demanda de nulidad presentada contra el acto administrativo del Senado.
Otra alternativa para el registrador sería solicitar una consulta ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, instancia que podría orientar la decisión que debe tomar próximamente sobre el cronograma electoral.
La controversia política se intensifica mientras sectores de oposición califican el decreto presidencial como completamente ilegal. Estos grupos consideran que el registrador debería abstenerse de establecer cualquier calendario electoral para la consulta popular.
El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, anunció que demandará el decreto ante el tribunal contencioso administrativo tan pronto sea expedido, argumentando que la medida viola el orden constitucional colombiano. Esta posición refleja la polarización que genera la iniciativa en el panorama político nacional.
