El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas del gremio constructor y rechazó las advertencias sobre posibles riesgos jurídicos derivados del decreto que controla los valores de la Vivienda de Interés Social.
El jefe de Estado afirmó que no existe ningún riesgo legal en la medida propuesta por el Ministerio de Vivienda. Petro explicó que el incremento del salario mínimo no genera aumentos sustanciales en los valores habitacionales, dado que el componente laboral apenas alcanza el 20 por ciento del costo total de construcción.
El mandatario precisó que el verdadero debate se centra en evitar que el alza del techo de la VIS desvíe la producción hacia viviendas menos populares. Según el presidente, mantener el límite en 135 salarios mínimos representa un crecimiento en pesos superior al índice de inflación de vivienda, que registró el 3 por ciento.
Petro enfatizó que la política pública habitacional busca garantizar soluciones realmente populares para los ciudadanos. El mandatario consideró que elevar los topes desnaturalizaría el objetivo social del programa.
El presidente exhortó a la Cámara Colombiana de la Construcción a instruir a sus afiliados para suspender las promesas de compraventa indexadas al salario mínimo, práctica que calificó como ilegal.
La declaración presidencial se produce tras las advertencias de Camacol sobre posibles afectaciones en el acceso a subsidios y condiciones crediticias preferenciales. El gremio había cuestionado las facultades del Gobierno Nacional para intervenir directamente el mercado inmobiliario.
La controversia se desarrolla en un contexto complejo para el sector constructor, después del aumento del 23 por ciento en el salario mínimo y la cancelación del programa Mi Casa Ya, que provocó el abandono de planes de adquisición habitacional por parte de más de 24.000 familias durante 2025.
