El presidente Gustavo Petro confirmó que las estructuras disidentes comandadas por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, mantienen prácticas de vinculación forzada de niños y homicidios contra excombatientes reintegrados.
El jefe de Estado validó estos señalamientos tras revelaciones periodísticas sobre el proceso de diálogo con este grupo armado.
El mandatario colombiano atacó duramente el trabajo investigativo televisivo que expuso supuestos vínculos entre las disidencias y organismos de inteligencia nacional. Calificó el contenido como “desinformación por razones de odio político” orientada a sabotear las conversaciones de paz.
“Los datos presentados sobre la degradación son ciertos”, reconoció Petro, refiriéndose al reclutamiento infantil y los crímenes contra signatarios del acuerdo de paz. Sin embargo, defendió las negociaciones como única vía para erradicar estas violaciones.
El presidente cuestionó las fuentes periodísticas utilizadas, alegando que un recluso bajo custodia en Medellín proporcionó testimonios bajo presión fiscal, condicionando su libertad a cambio de información sobre integrantes del Frente Calarcá.
Petro argumentó que los homicidios de firmantes del acuerdo disminuyeron drásticamente: de 80 casos anuales en 2020 durante la administración Duque, a 33 actualmente. Esta reducción superior al 50% representa, según el mandatario, evidencia del avance humanitario logrado.
El séptimo ciclo negociador alcanzó compromisos específicos: eliminación total del reclutamiento de personas menores de edad, liberación de niños bajo control del grupo con acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y colaboración en programas de sustitución de cultivos ilícitos amazónicos por restauración selvática.
El Gobierno Nacional proyecta establecer cinco Zonas de Ubicación Temporal, señal de transición hacia fases más complejas del proceso.
