En medio del paro minero indefinido que paraliza el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fijó la posición del Gobierno Nacional con un mensaje contundente: la institucionalidad respaldará a quienes trabajan dentro de la ley, pero la Fuerza Pública actuará con determinación contra la extracción ilegal de minerales, sin importar las presiones de la protesta.
El ministro trazó una línea clara entre los mineros en proceso de formalización, a quienes el Estado garantiza respaldo, y quienes operan al margen de la ley, advirtiendo que estos últimos se exponen a enfrentar la justicia y a que su maquinaria sea incautada o destruida por las autoridades.
Sánchez señaló que la extracción ilegal de minerales no es un delito menor: destruye fuentes hídricas, deteriora el medioambiente, alimenta la violencia y vulnera los derechos de comunidades enteras, incluyendo pescadores y otros trabajadores que dependen del territorio para subsistir. “La extracción ilegal de minerales es un grave delito ambiental que, además, suele ir acompañado de otros delitos que vulneran los derechos y libertades de las comunidades”, subrayó el funcionario.
El ministro fue enfático al rechazar cualquier llamado a la inacción institucional frente a la minería ilegal. “La inacción frente a este delito, o pedir que no se actúe, sería promover la omisión ante el delito”, advirtió, en un mensaje que apunta directamente a quienes exigen la suspensión de los operativos como condición para levantar el paro.
