Parques Nacionales Naturales de Colombia ordenó el cierre del Parque Nacional Natural Tayrona mediante la Resolución 091 del 17 de febrero de 2026, prohibiendo el ingreso de visitantes y prestadores de servicios ecoturísticos ante condiciones de riesgo público que amenazan la integridad de guardaparques, trabajadores y turistas.
La medida se mantiene vigente hasta que se evidencie la mejora de la gobernanza y la seguridad al interior del área protegida, requiriendo concepto técnico favorable de la Oficina de Gestión del Riesgo.
El Parque Nacional Natural Tayrona enfrenta una de las crisis más delicadas de los últimos años. Las tensiones entre líderes comunitarios del sector El Zaino, representantes indígenas y Parques Nacionales han escalado a un punto que pone en riesgo la seguridad de funcionarios, trabajadores y visitantes.
La situación fue confirmada por el procurador delegado para asuntos ambientales y agrarios, Ramón Laborde, quien advirtió que el conflicto dejó de ser únicamente social o administrativo y pasó a convertirse en un problema de seguridad.
Según explicó el funcionario, recientemente se registraron presiones contra guardaparques en los accesos principales del Tayrona, donde algunos líderes comunitarios e indígenas habrían intentado asumir el control de la taquilla de ingreso al parque.
“No existe ninguna justificación para impedir las funciones de los funcionarios públicos ni para suplantar la autoridad del parque. Esto es extremadamente grave”, señaló Laborde.
El episodio ocurrió mientras el parque mantenía restringido el ingreso por Cañaveral debido a inundaciones y daños en los senderos ocasionados por el reciente frente frío, condiciones que representan riesgos para los turistas.
Sin embargo, videos difundidos en redes sociales evidenciaron el ingreso de visitantes caminando por rutas inundadas luego de que, presuntamente, personas vinculadas a la Junta de Acción Comunal del Zaino permitieran el acceso sin autorización oficial.
De acuerdo con la Procuraduría, quienes promovían estas acciones aseguraban actuar bajo órdenes de “gente de arriba”, expresión utilizada para intimidar a funcionarios.
La Resolución 091 establece que desde la Dirección Territorial Caribe se coordinarán espacios de diálogo con instituciones públicas, privadas y actores comunitarios, con el objetivo de normalizar el servicio y proteger el área protegida.
La entidad convoca al Ministerio del Interior, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gobernación del Magdalena y Alcaldía de Santa Marta para abordar la crisis.
El procurador advirtió que la situación obligó a estudiar medidas excepcionales, entre ellas el cierre preventivo de los accesos principales como El Zaino, Calabazo y Neguanje, medida que finalmente se materializó con la resolución.
La entidad coordinará con el apoyo de la Oficina de Gestión del Riesgo y la presencia de las autoridades públicas para garantizar el cumplimiento de la medida de cierre implementada.
