La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia radicó ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado una demanda de nulidad simple contra el Decreto 234 del 6 de marzo de 2026, expedido por el Ministerio de Trabajo, que queda como demandado en el proceso.
La norma demandada subroga el Capítulo 7 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, y establece nuevas disposiciones sobre negociación colectiva unificada por niveles con organizaciones de trabajadores del sector privado y trabajadores oficiales.
Las pretensiones de Valencia ante el alto tribunal son dos y van en escalada. Primero, exige que el Consejo de Estado declare la suspensión provisional del Decreto 234 de forma inmediata, antes de que la norma produzca efectos en las relaciones laborales del país. Segundo, una vez el tribunal estudie el fondo del asunto, pide que declare su nulidad con base en el primer cargo de la demanda.
La acción judicial llega a menos de un mes de la expedición del decreto y en plena campaña presidencial de 2026, lo que le da al proceso una dimensión política inevitable.
El presidente Gustavo Petro reaccionó en redes sociales sin entrar en los argumentos jurídicos, “Ha demandado la reforma laboral, la pensional, ayudó a detener la reforma a la salud, ahora no quiere sindicatos fuertes”, escribió el mandatario, quien además agregó “quieren ver a la gente que trabaja como esclavos de sus haciendas”.
Para Valencia, en cambio, la demanda es un mecanismo legítimo de control judicial sobre una norma que, a su juicio, no tiene respaldo jurídico suficiente dentro del ordenamiento laboral colombiano.
