Los gobernadores de Colombia le advirtieron al gobierno que, disolver las EPS intervenidas sin un plan de transición territorial coordinado no solo agravará la crisis financiera de los hospitales públicos, sino que dejará a millones de pacientes crónicos y de alto costo sin medicamentos, sin autorizaciones y sin atención especializada.
La alerta la formalizó la Federación Nacional de Departamentos (FND) mediante un comunicado en el que cuestiona la instrucción presidencial del 16 de marzo de 2026, por la cual se ordenó a los ministerios de Salud y Hacienda proceder con la liquidación de todas las aseguradoras en quiebra. Según cifras del Sistema de Información Hospitalario del Ministerio de Salud con corte a diciembre de 2025, las ocho EPS intervenidas acumulan deudas por $10,6 billones solo con la red hospitalaria pública. La experiencia de los últimos procesos liquidatorios indica que entre el 99,1 % y el 99,3 % de esa cartera termina siendo irrecuperable.
Si el Gobierno avanza con el cierre de seis de esas ocho entidades, los hospitales públicos podrían perder entre $3,6 y $4,5 billones, cifra que representa hasta el 47 % de toda la cartera hospitalaria pública nacional y que, en la práctica, significa el colapso financiero de decenas de Empresas Sociales del Estado en todo el territorio.
“Lo que está en juego no es solamente el futuro jurídico de unas entidades, sino la atención de millones de colombianos que quedarían expuestos por decisiones improvisadas que no cuentan con respaldo territorial”, declaró Rafaela Cortés Zambrano, gobernadora del Meta y presidenta del Consejo Directivo de la FND.
La federación formuló ocho exigencias concretas: instalar una mesa técnica urgente nación-territorio, blindar la cartera de los hospitales públicos mediante acto administrativo, certificar la existencia de un asegurador alternativo en cada departamento antes de liquidar, formalizar jurídicamente la deuda del Estado con la Nueva EPS —estimada en $6,04 billones—, distribuir proporcionalmente las responsabilidades en EPS de economía mixta como Savia Salud y Capital Salud, diseñar el proceso con gradualidad suficiente para no heredar decisiones irreversibles al Gobierno que inicia el 7 de agosto de 2026, exigir transparencia técnica sobre el modelo de giro directo a hospitales vía ADRES, y garantizar la continuidad integral de la atención en salud de todos los colombianos.
