La verdadera fortaleza de una nación radica en su capacidad para reconocer y responder a la diversidad de sus regiones, entendiendo que cada una tiene su propia esencia y desafíos. La autonomía regional es el camino hacia un futuro más equitativo y justo en Colombia. Desde mi responsabilidad cuando fungí como alcalde y presidente de Asocapitales, he venido defendido con firmeza la urgencia de políticas que fomenten e impulsen la descentralización administrativa. Un Estado robusto y eficaz no puede cimentarse sobre inversiones ajenas a la realidad y las necesidades de los territorios.
Como país, hemos sido testigos de cómo el centralismo ha limitado el potencial de nuestras regiones. Por lo que es de vital importancia la discusión del proyecto de ley que cursa en el Congreso para construir un modelo que refleje las verdaderas necesidades de los territorios y de nuestros ciudadanos.
Durante las últimas dos décadas, hemos observado un aumento en las responsabilidades asignadas a los departamentos y municipios, delegación que desafortunadamente ha llegado sin los recursos adecuados. Este desbalance ha llevado a que muchas regiones, a pesar de su compromiso y capacidad, no puedan cumplir con sus funciones esenciales, toda vez que los ingresos corrientes no están alineados con las demandas y necesidades de cada región, lo que genera un ciclo de ineficiencia administrativa profunda.
La reforma propuesta busca modificar los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de Colombia, con el objetivo de aumentar significativamente las transferencias de la Nación a los entes territoriales. Actualmente, solo se destina un poco más del 20% de los ingresos corrientes a las regiones, mientras que, con esta reforma, se proyecta un incremento al 46,5% a partir del año 2034, con aumentos anuales del 2,5%. Iniciativa que cuenta con el respaldo de la Federación Nacional de Departamentos, la Federación Colombiana de Municipios, Asocapitales y las cinco Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) consolidadas en el país.
La transferencia de competencias a los gobiernos locales no es solo una cuestión de legalidad, sino de justicia. Cada región debe tener la capacidad de atender sus propias necesidades, en lugar de la histórica dependencia a las decisiones tomadas en un escritorio en Bogotá.
Además, es crucial abordar las desigualdades regionales. Las políticas públicas deben ser diseñadas con un enfoque inclusivo, que considere las particularidades de cada zona del país. Solo así se podrán cerrar las brechas que han mantenido a algunas regiones y a sus habitantes en la pobreza.
Ha llegado el momento con esta ley de construir políticas públicas locales que potencien cada rincón del país. Siendo muy importante que el diseño de estas tiene que tener todo el rigor económico, social y político; y además estar alejadas de cualquier asomo de populismo.
Cada propuesta debe estar sustentada en un análisis profundo de la realidad local, buscando siempre el desarrollo y bienestar de los colombianos. Sin duda, la descentralización es un medio para alcanzar un país más justo y solidario.
Soy consciente de que el camino hacia la autonomía regional está lleno de retos, pero también de oportunidades. Si el país logra implementar estas reformas de manera efectiva, no solo transformaremos nuestras regiones, sino que también daremos un paso firme hacia una Colombia equitativa, justa y competitiva y con el futuro que todos los colombianos nos merecemos.
