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Se amplía el plazo para la implementación de las RIPSS

Por: William Mercado Echenique


Opinión. A finales de esta semana, el Ministerio de Salud y Protección Social publicó el borrador de la resolución por medio de la cual se modifica el artículo 16 de la Resolución 1441 de 2016, el cual trata del plazo establecido para la habilitación de las Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud –RIPSS, como componente de la Política de Atención Integral en Salud –PAIS, cuya aplicación se extiende a  las EPS, las entidades Departamentales y Distritales de Salud, Entidades Municipales de Salud, Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y las IPS.

Desde la entrada en vigencia de la Resolución 1441 de 2016, se iniciaron los ajustes que se requerían para dar trámite a esta nueva exigencia de la dinámica del sistema de salud y entre los distintos sectores se nota cierto desbalance en cuanto a los tiempos, adecuación, asistencia técnica y recursos disponibles, entre otros elementos.

Mediante la Circular Externa 043 del 28 de noviembre de 2017, el Ministerio de Salud y Protección Social, estableció que el módulo de redes en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – REPS, para el registro de la información para la habilitación de las RIPSS por parte de las entidades responsables, conforme a lo establecido en la Resolución 1441 de 2016, se encontraría disponible desde el 1 de diciembre de 2017, y que se disponía de doce (12) meses a partir de esa fecha para la realización del procedimiento, cumpliéndose el plazo para las EPS, el 30 de noviembre de 2018.

Pese a toda la infraestructura de recurso humano, técnica, financiera y de formación académica sobre la materia, con la que cuentan las Entidades Promotoras de Salud, estas solicitaron la ampliación del plazo para terminar el procedimiento de habilitación de RIPSS, argumentando que deben hacer ajustes en varias áreas, teniendo en cuenta que la situación actual del sistema ha llevado a un escenario particular con los PSS, quienes al verse asfixiados financieramente han decidido terminar de manera unilateral los contratos de prestación de servicios, debiendo así según ellos, replantear sus procesos misionales y operativos.

Poco se habla de la precaria situación en la que se encuentran los entes territoriales que son la puerta de entrada del proceso de habilitación de las RIPSS, quienes en absolutas condiciones de desigualdad, no cuentan con la disponibilidad financiera suficiente, ni con los equipos especializados necesarios para la adecuación de sus estructuras organizacionales y sin la misma oportunidad para recibir capacitaciones adecuadas que permitan contar y fortalecer con la capacidad técnica idónea necesaria para asumir a cabalidad la responsabilidad de habilitar o no las RIPSS, de acuerdo con las dimensiones transversales del Plan Decenal de Salud Pública.

Esto devela un escenario nuevamente caracterizado por la desorganización, improvisación e inequidad entre los actores del sistema, que como siempre trae como consecuencia que quien sea más fuerte en la cadena, termine aprovechándose de las debilidades de los otros, inclinando la balanza para el beneficio de unos pocos.

El borrador de la resolución por la cual se extiende el plazo, lo amplía por un término de seis (6) meses a las Entidades Promotoras de Salud –EPS para que durante este tiempo realicen el procedimiento de habilitación de las Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud – RIPSS previsto en la Resolución 1441 de 2016, contado a partir de la fecha en la que se haga su publicación.

Una vez se venza el plazo dispuesto y no se haya finalizado el trámite de habilitación al que hace alusión la anotada Resolución, será la Superintendencia Nacional de Salud quien adoptará las medidas pertinentes con respecto a la EPS y a la correspondiente entidad territorial, de acuerdo con sus competencias en la materia.

Siendo realistas las prórrogas en los plazos para la implementación de este tipo de procedimientos, normalmente sirven para seguir aplazando lo que no se ha hecho, pero que finalmente termina dejándose para última hora nuevamente lo que no se hizo desde el principio.

Más allá de la ampliación de tiempo para que las EPS ajusten lo que consideren necesario, este también debe ser utilizado por el Ministerio de Salud y Protección Social, y la Superintendencia Nacional de Salud, para analizar donde se encuentran las falencias del proceso, de manera tal que se implementen oportunamente las acciones para intervenirlas de forma inmediata, y así anticiparse a situaciones que producto de la desorganización y falta de planeación, nos lleven a otro caos en el sector.

 



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