Retos de los nuevos gobernantes frente a la Educación Superior

Por: Juan David Osorio Bustamante y Luis Fernando Alfonso Garzón
12 meses atrás

El pasado 29 de octubre los colombianos asistimos a las urnas para elegir los gobernantes departamentales y municipales de los próximos cuatros años. Superadas las campañas políticas, ahora, tienen la gran responsabilidad de consolidar los planes de desarrollo que atiendan las problemáticas locales, temas como la educación, salud, empleo, obras públicas, superación de la pobreza seguramente, entre otros, están priorizados en la agenda de trabajo.

Se hace necesario acompañar la toma de decisiones con datos técnicos que arrojan los sistemas de información del estado, las IES y de los empresarios; esto permite aterrizar las metas y proyectos a implementar. En términos de educación superior, el departamento de Córdoba y sus municipios, especialmente Montería, demandan tres grandes apuestas: cobertura, presupuesto y permanencia.

En cobertura, según el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES a 2022, la tasa de cobertura para el departamento de Córdoba es del 27,30% frente al 54,92% nacional, es decir, que de 21.423 bachilleres que egresaron al año 2021 solo 5.815 logran ingresar a la educación superior, sin duda, una problemática social de gran relevancia. Miles de jóvenes no gozan el derecho fundamental a educarse profesionalmente, lo que implica buscar alternativas para subsistir, en la economía informal y en algunos casos, con preocupación, vincularse a grupos al margen de la ley.

Por lo tanto, es menester que las administraciones locales puedan destinar partidas presupuestales que fortalezcan programas como “Todos a la U” o programas de becas de acceso a la educación superior, no solo a la universidad pública, ya que en el corto y mediano plazo estas no cuentan con la capacidad instalada suficiente para atender a toda la población; es importante mirar a la universidad privada y los aportes realizados para mitigar los índices de cobertura.

En cuanto a permanencia, los estudiantes que hoy cursan un programa académico en cualquier Institución de Educación Superior, cuando desertan no solo pierde la universidad, pierde el municipio y el departamento. Ese estudiante seguramente engrosará las cifras de desempleo o empleo informal, y la situación le restará competitividad y mejoramiento de calidad de vida al territorio. Esta problemática puede apoyarse desde las administraciones de diversas formas, solo mencionar dos: un programa de casas universitarias gratuitas para los mejores promedios, focalizando los estudiantes de zonas rurales. Lo anterior permitiría que los recursos que invierten en pagar pensiones los utilicen para su sostenimiento. Otro programa de alimentación y transporte subsidiado: por lo general las jornadas de estudio son franjas horarias que demandan permanecer mucho tiempo en los claustros universitarios, generando gastos que no alcanzan a cubrir esta población que en su mayoría pertenecen a los estratos 1 y 2.

Según el Sistema para la Prevención de la Deserción para la Educación Superior SPADIES a 2021, la tasa de deserción anual es de 6,85%, que se interpreta como el estudiante que suspende sus  estudios por un año y regresa a la institución, pero la tasa de deserción por cohorte es del 30,37%, un altísimo porcentaje, frente a la cobertura del departamento, ya de por sí, existe una brecha en cobertura entre el nivel nacional y el departamento que se ve profundizada por la deserción de estos estudiantes se desertan de la institución y no regresan.

La tasa de empleabilidad a 2021 según el Observatorio Laboral para la Educación en el nivel universitario fue de 53,53%, solo la mitad de los recién graduados logran vincularse al mercado laboral, con una tasa de cotización en promedio de 1 a 1,5 SMMLV, panorama que puede mejorarse con programas de apoyo a proyectos de grado que resuelvan problemáticas del contexto local, es decir, estos graduados que representan un cumulo de conocimientos, tecnología y fuerza laboral podrían ayudar por medio de proyectos a resolver problemáticas de las comunidades, las administraciones financian los proyectos y a la vez certifican como experiencia laboral, el primer empleo. O en articulación con el sector privado ofertando incentivos tributarios para quienes financien estas iniciativas, en un claro gana – gana, para el estado y los empresarios.

La triada Universidad, Empresa y Estado debe seguir fortaleciéndose, se requiere de los nuevos gobernantes, una visión integral y amplia de la sociedad, un frente común para mejorar los indicadores de pobreza monetaria y multimodal, el hambre y la desigualdad social, la falta de oportunidades que retrasa el desarrollo de un departamento con capacidades y riquezas materiales por explotar, pero para lograr este tan anhelado desarrollo, se requiere de un capital intelectual, con altos niveles de formación, con el fin de generar valor agregado a los potenciales desarrollos. Se requiere inversión en investigación, mediado por la tecnología, al servicio de la problemática social que adolece nuestro querido departamento.

 

*Autores

Juan David Osorio Bustamante

Licenciado en Ciencias Sociales, Candidato Magister Ciencias Sociales, Profesor universitario

Luis Fernando Alfonso Garzón

Administrador de Empresas, Especialista en Gerencia del Talento Humano, MBA, Doctor en Ciencias de la Educación. Catedrático Universidad Cooperativa de Colombia.