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Nuestra infancia no es un negocio para el turismo

Por: Mercy Osorio Almanza


Opinión. Por estos días el gobierno distrital de Cartagena tomó acciones contra la explotación sexual infantil y trata de personas en el contexto del turismo, una problemática que involucra tanto a los menores que han sido reclutados por las estructuras delincuenciales como a los turistas nacionales y extranjeros que financian este tipo de delitos.

La UNICEF calcula que en Colombia existen 55 mil niños y niñas vinculados a la explotación sexual, una cifra que se ha incrementado en los últimos tres años y que no repara de edades, ya que el abuso sexual a menores está por debajo de los 10 años.

Tras el escándalo que destapó la operación vesta, en la que fueron capturadas 18 personas que habrían liderado la red de prostitución más grande de Cartagena, se conoció que más de 200 mujeres, muchas de ellas menores, eran víctimas del despreciable mercado ilícito del sexo.

La prostitución infantil es un asunto político

Este operativo es un avance importante y abre un debate necesario en el país sobre el compromiso público para priorizar la lucha contra el abuso y  la reivindicación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA).

No es una coincidencia que Cartagena sea la tercera ciudad más pobre de Colombia y a su vez, sea una olla aberrante del abuso sexual organizado. Este flagelo es consecuencia de la falta de oportunidades que favorece la reclutación de menores a través de agencias informales de empleo que prometen bienestar y calidad de vida a las niñas.

Mientras el gobierno no revise los niveles de inequidad extrema, la concentración de la riqueza y la brecha salarial entre hombres y mujeres, el panorama seguirá siendo desalentador, la economía del país no puede seguir beneficiando a la dichosa minoría. Según el informe de 2017 por la Cepal, la desigualdad en Colombia superó a la de la mayoría de los países.

Paralelo a esto, se le suma la incapacidad política para crear un norte jurídico claro que proteja y regule los derechos de las personas que ejercen la prostitución de manera consciente y se haga justicia con los responsables de la explotación a menores, siendo esta una iniciativa avalada por Amnistía Internacional exenta  de todo conflicto moral y religioso.

Mientras tanto como ciudadanos debemos eliminar el término de “turismo sexual”, porque esta práctica no representa nuestra oferta, es evidente que detrás de este fenómeno hay un drama que sufren las víctimas, especialmente las menores de edad.

Es momento de generar iniciativas nacionales que permitan impulsar la colaboración entre los actores de la sociedad civil, gobernaciones, agencias internacionales y el sector privado para corregir las debilidades existentes en materia de prevención, reintegración y protección de las víctimas.

Colombia es sin duda un paraíso biodiverso, cultural e histórico con una gran variedad de atractivos que nos hacen sentir orgullosos, por eso los turistas extranjeros y nacionales deben tener claridad que con los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país no se negocia.



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