En días recientes, mientras viajaba en un medio de trasporte público, observé a dos adolescentes sentadas en el puesto delantero. Todo iba bien hasta que decidieron darse un inofensivo beso, qué más que eso fue un roce labial. El problema para algunos, ambas eran mujeres. La señora del puesto contiguo, que viajaba con su hijo de algunos cuatro años, el cual miraba entretenido por la ventanilla, se salió de la ropa y empezó a insultar a la pareja de jóvenes. Durante el insulto les dijo
– ¿Qué ejemplo es este para mi hijo?
Una de las jóvenes se levantó de la manera más delicada del mundo y le respondió:
– Señora, el problema no somos nosotras, es usted que no tiene la capacidad de explicarle a su hijo que en el mundo existen personas que se enamoran de manera diferente. Y el mal ejemplo, de intolerancia y violencia se lo está dando usted.
Se acabó la discusión. Un silencio absoluto reinó en el Transmilenio.
Minorías del país enteros, “ Uníos” contra la posibilidad de que, por iniciativa de algunos defensores de la “moral” y las “buenas costumbres”, seamos los Colombianos quienes decidamos, en las urnas, la suerte de la regulación legal de las relaciones entre parejas del mismo sexo y el aborto, ambos temas destacados por Sentencias de la Corte Constitucional, una en la cual le pide al Congreso la regulación legal de las relaciones homosexuales y otra en la que despenalizó el aborto cuando el embarazo sea resultado de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, cuando esté en riesgo la salud física o mental de la madre y cuando existe grave malformación del feto que haga inviable su vida.
Si mal no recuerdo, lo que establece nuestra Constitución Política, a menos que la que tengo en mi biblioteca esté desactualizada, es que Colombia es un “Estado Social de derecho” lo que implica, aunque a algunos ultra-imbéciles-moralistas no les agrade, el reconocimiento y la protección de las minorías. Utilizar, parcialmente, los principios democráticos para relegar los derechos íntimos de un grupo minoritario a la decisión de la mayoría hace parte del discurso del Estado de Opinión que vive nuestro país en los últimos días. Más exactamente desde el gobierno anterior.
El Estado de opinión como aquel en el que lo que opinen las mayorías debe ser impuesto, incluso con violencia, a las minorías, y colocarlas en un estado de ostracismo en el cual se limita el ejercicio de derechos propio de algunos individuos en su dignidad y en el libre desarrollo de la personalidad.
Someter los derechos de las parejas del mismo sexo y de las mujeres a abortar, en los casos establecidos por la Corte Constitucional, a una decisión popular es, paradójicamente, una práctica antidemocrática, parecida a las impuestas por un señor de apellido Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, a partir de los discursos expuestos por las colectividades que se rehúsan a reconocer legalmente la figura de las parejas del mismo sexo me pregunto ¿Cuál es el bien jurídico que se pretende defender con ésta medida popular? La familia, la vida, responderán algunos. ¿Acaso por cada pareja del mismo sexo que decida convivir se desintegrarán familias de parejas heterosexuales? ¿Se prohibirá, acaso, las relaciones entre parejas heterosexuales?
Por cada mujer que decida abortar, cuando ha sido víctima de una violación o cuando esté en peligro inminente su vida o existan malformaciones graves en el feto no se le causará infertilidad a otras. Tomar la decisión de abortar no debe ser fácil para una madre, menos en los casos preestablecidos. Entiendo que el amor materno es una experiencia negada a algunos religiosos de corte Patriarcal, pero como hombre les suplico: no le causen más traumas y daños psicológico a las mujeres que deben tomar esta decisión tan difícil sólo porque la mayoría así lo desee, ya que asumirían una conducta propia de un Estado de opinión autoritarista, o se constituirían, en términos aristotélicos, en “demagogos puros”.
El objetivo filosófico del estado Social De Derecho es la garantía del ejercicio de los derechos de las minorías de manera integral. Contrariamente en el Estado de Opinión se les impone a las minorías los criterios de las mayorías, aunque ésta tenga por objetivo el deterioro de los derechos de los primeros.
El Estado Social de Derecho también debe proteger a las minorías, más cuando se trata de derechos íntimos y personales. A menos, repito, que mi Constitución esté desactualizada.
