Los defectos del polémico decreto de excarcelaciones en medio del COVID-19

Por: Juan Sebastián Quintero Mendoza


Opinión. Finalmente, el Gobierno Nacional expidió el decreto que busca mejorar el hacinamiento carcelario. Esta norma, sin embargo, no contiene todo lo que se estaba pidiendo. ¿A quiénes beneficia y a quienes no tuvo en cuenta? Este Decreto, que busca evitar el contagio del COVID-19 en las cárceles propone la salida de algunos presos y tiene otros elementos interesantes polémicos.

En resumen, se abre una puerta que permite otorgar la prisión domiciliaria transitoria por seis meses prorrogables con el fin de evitar el contagio del COVID-19, su propagación y las consecuencias que de ello se deriven. Para mí, lo más importante es cuántos presos saldrán de las cárceles para ir a detención en casa y cuál es el perfil y características de estas personas.

Al respecto el decreto resalta que podrán obtener la sustitución de la detención intramural internos que estén en alguna de las siguientes circunstancias: Lo propuesto es enviar a detención domiciliaria y transitoria por seis meses a la población carcelaria en mayor riesgo frente al peligro del virus, así el decreto contempla el beneficio para las reclusas embarazadas o con hijos menores de 3 años; los internos con enfermedades delicadas y los mayores de 60 años que no representen un riesgo para la sociedad.

También quienes tengan penas menores a 5 años o quienes hayan cumplido el 40 por ciento de la pena. No obstante, no es suficiente cumplir con las anteriores características para poder tener el beneficio de irse para la casa por entiempo. El decreto hace amplias exclusiones y ahí es donde comienza la polémica.

De este modo, se calcula que el Gobierno también decidió que este beneficio solo se aplicará a 1.000 presos por el delito de inasistencia alimentaria; a quienes estén respondiendo por porte ilegal de armas. El decreto también establece la domiciliaria para todos aquellos que hayan cometido hurtos simples y calificados. En este último, entran quienes hayan cometido hurto con violencia sobre las cosas, colocando en indefensión a la víctima, violando restricciones de seguridad, o introduciendo a la víctima a situaciones engañosas. Aunque aún no se conocen las nuevas cuentas del Ministerio de Justicia, se estima que el número de excarcelados será inferior a los 10.000 inicialmente anunciados, puesto que excluyeron de los beneficios los delitos relacionados con narcotráfico y violencia intrafamiliar. Estas conductas estaban inicialmente contempladas en modalidades sin agravantes.

En este contexto, los penalistas a través de redes sociales han manifestado su disgusto con el documento finalmente firmado. “Pensábamos que con tanto y tan riguroso estudio se iba a sacar algo muy diferente. Este es un decreto que no va a sacar a nadie de la cárcel que no resuelve problemas que congestiona aún más los despachos”, aseguró Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados.

¿Qué pasará cuando llegue el COVID-19 a las cárceles? El decreto también contempla unas disposiciones que se deben activar una vez el COVID-19 llegue a las prisiones.

Actualmente, en la cárcel de Villavicencio se han confirmado 16 casos de contagios y dos muertes por coronavirus. En la cárcel Distrital de Bogotá, un guardia dio positivo para la enfermedad. Aunque de momento las visitas a los internos están restringidas, el escenario de la contaminación es totalmente predecible ya que a las cárceles entran y salen día día, guardias, personal administrativo, abogados y proveedores.

En ese orden de ideas, cuando se registre un caso positivo, el Gobierno ordena que una vez un recluso haya sido diagnosticado por COVID-19 al interior de una cárcel del territorio nacional, o en centros transitorios de detención, esta persona o personas “serán trasladados por el Inpec a los lugares que resulten más aptos para el tratamiento o a las instituciones de salud que se dispongan por parte de las autoridades competentes y no se les concederá la medida de aseguramiento de detención domiciliaria transitoria o la prisión domiciliaria transitoria, hasta tanto las autoridades médicas y sanitarias así lo autoricen”.

La norma recalca que, en todo caso, solo procederá la detención domiciliaria cuando la persona diagnosticada se encuentre dentro de una de las causales contempladas en el decreto.



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