Opinión. Con la publicación del Decreto 1350, el pasado 26 de julio se formalizó el tan anunciado y esperado Acuerdo o Ley de Punto Final, a partir del reconocimiento como deuda pública, del valor de las acreencias por concepto de servicios y tecnologías no financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación, por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Como muchos recordarán, esta fue una de las banderas de campaña del presidente Iván Duque, con la pretensión de que se realice el saneamiento de las deudas del sistema de salud, de manera que, al inyectar estos recursos, puedan ser utilizados para el pago oportuno al recurso humano en salud y reinvertidos en infraestructura, equipos y tecnologías, que optimicen la calidad en la prestación de servicios de salud. En ultimas esta ley está orientada a la búsqueda de la equidad.
Sin lugar a duda, este esfuerzo que representa el pago de deudas que oscilan entre los 5 y 7 billones de pesos, entre el régimen subsidiado y el régimen contributivo, y que a todas luces tiene las mejores intenciones, deberá contar con el compromiso tanto de EPS, como de IPS, quienes deberán reportar con honestidad la información que se requiere para que todos salgan beneficiados y este ejercicio cumpla con las expectativas de lo proyectado.
De ahí se desprende el principal inconveniente en la implementación del acuerdo de punto final. Hasta ahora no se ha visto que la información que reportan las EPS y las IPS, sean coincidentes. Por parte de las EPS se aplica el precepto de que entre menos autoricen servicios, más glosen y rechacen facturas, por cualquier motivo que se les ocurra, menos van a pagar, y mayor utilidad van a obtener.
Para las IPS, lo usual es que se esfuercen por facturar el mayor número de servicios, pues entre más facturen, mejores serán los ingresos. Todo esto hace parte de la dinámica de estímulos perversos que se mueven en el sector, llevando a que lo que el prestador de servicios de salud tiene registrado en su cartera, siempre sea mucho más que lo que la EPS reconoce y registra como acreencia.
Otra dificultad a enfrentar, nace a raíz de la puesta en marcha de la plataforma MIPRES para la autorización de procedimientos y medicamentos que se encuentran por fuera del Plan de Beneficios de Salud – PBS, apareciendo el aumento significativo del cobro por servicios NO PBS a los entes territoriales y a la ADRES, dando como resultado que ahora las EPS quieran incrementar en la misma medida sus utilidades, siendo este otro de los grandes retos del gobierno, para desmantelar y desincentivar esta práctica perversa.
El gobierno ha planteado que paralelamente al saneamiento de las deudas del sector, existen otras medidas estructurales que harán más eficiente el gasto en salud y que evitarán una nueva acumulación de deudas, como son la actualización del Plan de Beneficios de Salud (PBS), el control de precios de medicamentos, las compras centralizadas, la continuidad de las exclusiones, la implementación de Valores Máximos de Recobro y la recentralización en la Nación del pago de servicios y medicamentos que están por fuera de la UPC, sin embargo deberá sortear una serie de situaciones que han hecho mella en el sector salud y que son tan usuales que pareciera que son el deber ser, pero que en realidad son una serie de quites que se le hace a lo normado, para aprovechar los vacíos o las no claridades de lo que se encuentra regulado.
Como siempre, solo queda esperar para ver cuál será el resultado y si esta vez todos los actores que conforman el sistema, en un acto de contrición, asumen con sinceridad las responsabilidades que implica la puesta en marcha de esta gran apuesta del gobierno, y como una oportunidad única para recomponer y comenzar con un sistema de salud fortalecido y recuperado en cuanto a su credibilidad en el sistema financiero, de manera que todas sus bondades se vean reflejadas en la atención de los usuarios.