Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

La tarjeta profesional para el oficio más solitario del mundo

Por Marcos Velásquez.


WHISKY

El 14 de noviembre de 1997, Luis Prados en el diario El País titula: “El Grupo Santo Domingo compra el diario El Espectador”. El 4 de mayo de 2005 la redacción del diario El Tiempo titula: “El Grupo Prisa y El Tiempo firman alianza de negocios”. El 2 de agosto de 2005, La Nación, en su sección económica titula: “Grupo Planeta compra diario El Tiempo”.

Visto de este modo, se puede inferir que los diarios emblemáticos de nuestro país, El Espectador, fundado por Fidel Cano Gutiérrez, el 22 de marzo de 1887 en Medellín, y El tiempo, fundado por Alfonso Villegas Restrepo, el 30 de enero de 1911en Bogotá, o tenían una crisis económica que los empujó a vender acciones, o visionaban un cambio en el negocio de las noticias que exigía unas alianzas estratégicas que permitieran soportar las dinámicas del nuevo mercado de la información.

Dadas las circunstancias, lo que hizo que los diarios emblemáticos de Colombia buscaran nuevos socios a través de la venta de sus acciones, fue la crisis económica de su sector. Con ello, cuando los nuevos propietarios tomaron las riendas de estas empresas representativas de la prensa escrita del país, una de las primeras cosas que hicieron, como toda multinacional, fue despedir a los periodistas que más trayectoria tenían en estos medios, los cuales, de la noche a la mañana se vieron sin techo laboral y sin reconocimiento de su experiencia como periodistas que conocen las dinámicas sociales del país que habitan, han escuchado, indagado, cuestionado, padecido y al que desde el oficio más hermoso del mundo, han intentado contar la verdad, esa que siempre se resiste al poder y a los intereses de los monopolios económicos en una sociedad de mercado.

A lo sumo, fue allí donde la legislación laboral se quedó corta frente a los derechos de los periodistas que trabajaban en medios impresos y no tuvieron cómo defender sus plazas laborales, las que habían forjado a lo largo de los años con su sudor, sus pasos, sus indagaciones, su redacción y su nombre. A ellos, solo les quedó su nombre, el que hasta ese momento, no habían tenido presente como su marca personal.

Sin poder defenderse y viéndose en la calle, tuvieron que repensar su oficio y cuestionar la lealtad de las empresas para las que habían trabajado durante muchos años de su vida.

Quizá allí pudo haber surgido nuevamente el debate de la Ley 37 de 1973, la que reconoció por primera vez en Colombia el ejercicio del periodismo como profesión. Esa Ley que le concedió la primera tarjeta profesional de periodista a Misael Pastrana Borrero, quien para la época era el presidente de la nación.

Esa ilusión y defensa del ejercicio del periodismo en el país duró poco, ya que la Corte Suprema de Justicia la declaró inexequible aduciendo vicios de forma.

Sin embargo, el 18 de diciembre de 1975 se expidió la Ley 51, Ley que otorga el Estatuto del Periodista, reconociendo el ejercicio del periodismo como una profesión, consiguiendo con ello un estatus en la sociedad y el reconocimiento económico por su trabajo, el cual, hasta la fecha, no estaba presente.

El 22 de abril de 1976 salió el Decreto Reglamentario Nº 733, encargándose de consolidar los derechos de: reconocimiento de la profesión, el sigilo profesional, la libre movilización del periodista, la tarjeta profesional, el reconocimiento de los empíricos, el mejoramiento de las condiciones económicas y la exigencia de ser periodista profesional en cargos oficiales.

Dicho Decreto va en concordancia con la Ley 57 de 1985, la que en su artículo 23, da prelación al acceso al periodista a los documentos públicos de manera preferencial, convirtiéndose Colombia en el único país de América en el que se garantiza el acceso a la información pública, en relación con el derecho de petición, el acceso a documentos públicos y el habeas data.

Pero, en el oficio más solitario del mundo, lo bueno dura poco. El 18 de marzo de 1998 la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-087, declaró inexequible el Estatuto del Periodista y la concibió como un oficio, planteando que violaba el artículo 20 de la Constitución Política, el cual reza: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura con lo que se desnaturaliza su ejercicio”, desconociendo entonces la misma Corte Constitucional, el Artículo 73, el cual promulga: “La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional”.

Así las cosas, cuando surgió la crisis en los medios impresos, el periodista, empírico o no, se vio desprotegido y, siendo consciente de su importancia como emisario de la verdad en el país, no contó con un asidero jurídico que lo amparara con tal de que le preservaran sus derechos en una profesión de alto riesgo en Colombia y el mundo.

Este año sale a la palestra nuevamente la denominada Tarjeta Profesional que ha desamparado al periodista en Colombia, en manos de una propuesta legislativa del Senador de la República Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado, cuestionado por las particularidades de su base política, la cual ha tenido investigaciones por corrupción y nexos con el paramilitarismo.

El Senador Aguilar propone un proyecto de Ley: “Por medio de la cual se reconoce la profesión de Comunicación Social – Periodista y Organizacional, se crea el Consejo Profesional del Comunicador Social – Periodista y Organizacional y se dictan otras disposiciones”.

En política no hay puntada sin dedal, por ello, antes que elogiar el proyecto de Ley que entra a hablar sobre el reconocimiento de la profesión del periodismo en Colombia, hay que abrir los ojos para ver realmente qué hay detrás de tan “loable” iniciativa de un Senador que no es periodista.

Más, cuando en las facultades de Comunicación Social en Colombia, cada vez son más pocos los estudiantes que sienten el llamado vocacional por el periodismo, mientras que sí se sienten atraídos por la Comunicación Organizacional o la Comunicación para el Desarrollo, o para el Cambio Social, hecho que empuja de modo concreto a los periodistas empíricos y los que han surgido de las facultades de Comunicación Social, a plantearse cuál es su lugar a día de hoy en los medios, dado que estos, en tanto negocio, cada vez son más proclives a las contrataciones freelance que a reconocer los derechos laborales de quienes se exponen en la búsqueda de los contenidos de primera mano que “aceitan la cadena informativa” que hace producir el negocio.

Sí, el periodismo ha estado en el ojo del huracán en toda sociedad totalitaria, la cual denigra de la oportunidad de su práctica. Egon Erwin Kisch el periodista y reportero checo quien tuvo que huir de su país porque incomodaba con sus reportajes literarios sobre el fascismo alemán es un ejemplo. Hoy difícilmente se sabe dónde está el totalitarismo, si en la derecha como se conoció, o en la izquierda como lo hemos presenciado en los últimos años en America Latina.

Independiente del lugar que ocupe el totalitarismo, lo cierto es que un antídoto para este al interior de una sociedad cada vez más adiestrada por los medios de comunicación que están al servicio del capital -por ello sus nuevos formatos y sus nuevas dinámicas de “comunicar”- y no de la sociedad, ni de los pescadores de la verdad, es el periodista liberal que se permita confrontar los silencios pausados de las sotanas o las caras desentendidas de quienes saben lo que está pasando, pero por obvias razones plantean que no es con ellos.

Fue el caso en Colombia de la muerte de don Guillermo Cano, el 17 de diciembre de 1986, cuando Pablo Escobar Gaviria, quien había comprado al país, decidió callar la tinta que le mostraba la verdad a una sociedad que clamaba por un amo o se arrodillaba ante su verdugo.

Hacen falta periodistas más que tarjetas profesionales, dado que las facultades de comunicación se están encargando de modo holístico de formar personas que entran a un mundo obnubilado por la revolución digital, el cual no dominan y por ende, aún no se saben mover con destreza dentro de él.

El debate de la tarjeta profesional del periodista es la oportunidad de revisar en nuestro país cuál es el lugar de la verdad y el compromiso que tenemos los que ejercemos el periodismo con los cantos de las sirenas que nos alejan de la misión del oficio.

Así las cosas, son los periodistas empíricos y los graduados de facultades de comunicación social quienes debemos velar por una tarjeta que, realmente responda por el periodista, sus derechos laborales, su integridad física, el respeto a su trabajo en la búsqueda de la verdad y su adaptación al mundo digital.

Twitter:
@MARCOS_V_M



¿Qué opinas de esto?