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La suspensión de Edwin Besaile frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Opinión / Por: José Javier de la Hoz.


Opinión / Por: José  Javier de la Hoz

Sea lo primero anotar que quien escribe esta columna  no tiene ningún tipo de vinculación profesional o personal con el suspendido gobernador de Córdoba Edwin Besaile, mi objetivo no es juzgar su conducta, para eso están las autoridades competentes, otra cosa es que a la luz del Sistema Interamericano de Derechos Humanos la suspensión ordenada por la procuraduría General de la Nación es violatoria de derechos convencionalmente amparados, reitero no escribo sobre su culpabilidad en los hechos que se le investiga, ese es otro debate.

En este país donde se suelen celebrar las decisiones judiciales o administrativas que afectan  a los mandatarios elegidos por elección popular, eso sí, dependiendo del color político del afectado, resulta pertinente tener en cuenta lo que el Sistema Interamericano de derechos Humanos nos enseña sobre la suspensión por orden de autoridades autoridades administrativas de personas elegidas por voto popular.

El ordenamiento jurídico colombiano establece que los servidores públicos son responsables ante las autoridades no solo por infringir la Constitución y  las leyes, sino también por la omisión y extralimitación en el ejercicio de sus funciones, en este orden de ideas el artículo 118 de la constitución política estableció al Procurador General de la nación como director del ministerio publico y en consecuencia le corresponde  la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas.

Los artículos 275 y 277 de la Constitución, así como el código disciplinario único  nos enseñan que el estado es el titular de la potestad disciplinaria la cual es ejercida por la Procuraduría General de la Nación.

La Carta Interamericana de Derechos Humanos en su articulo 23 consagra la protección de los llamados derechos políticos, estableciendo en el numeral segundo claramente las causales por las cuales el ejercicio de los derechos políticos puede ser restringido, señalando que la restricción debe ser ordenada por una autoridad judicial, en este sentido es de suma importancia el pronunciamiento del Sistema Interamericano en el caso presentado por Leopoldo López contra Venezuela.

Los pronunciamientos del Sistema Interamericano respecto al contenido de los derechos políticos son  constantes al señalar que el ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye en si un fin mismo y además es fundamental como medio que tienen las sociedades democráticas para garantizar los derechos contenidos en la Convención Interamericana, los ciudadanos no solo deben gozar de derechos sino también de oportunidades.

En conclusión, el Sistema Interamericano, el cual prevalece sobre el ordenamiento interno, considera que las decisiones  que restringen los derechos políticos cuando provienen de autoridades administrativas afectan los derechos políticos por cuanto las mismas son incompatibles con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, lo cual nos lleva a afirmar sin temor a equivocarnos que esa decisión de la Procuraduría General de la Nación es violatoria de la Carta Interamericana de Derechos Humanos.

Adenda: El Sistema Interamericano aplicando las normas citadas protegió los Derechos de Gustavo Petro , político de izquierda y de Leopoldo López, político de derecha.



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