Opinión. Pese a que han pasado algunos días de haberse conocido la triste noticia con relación al aberrante hecho de violación por parte de un grupo de siete militares a una niña de doce años perteneciente a la comunidad indígena embera chamí, en hechos registrados el pasado 22 de junio en la vereda Santa Teresa, jurisdicción del corregimiento Santa Cecilia en el municipio Puerto Rico en Risaralda.
No ha sido tiempo suficiente para que los colombianos podamos asimilar este horror que nos ha generado una mezcla de sentimientos , rabia , dolor e impotencia , representados en el deseo unánime que a una sola voz clama por la justicia , una justicia que sobre pase la indignación y que se vea reflejada en las acciones contundentes demostrando así que los colombianos en general , sin importar ningún tipo de clasificación étnica , estrato o comunidad , somos un organismo social vivo , regido por las leyes de un contrato social , con el Gobierno el cual debe ser renovado constantemente con el fin de garantizar la calidad de los derechos humanos, el cumplimiento los deberes y la sana convivencia .
Por esta razón es que como colombianos nos corresponde asumir la tarea de renovar nuestra conciencia y no me refiero con esta expresión al hecho de tener una doble moral solo al condenar el lamentable hecho de violación contra la niña indígena; me refiero precisamente a que la justicia debe aplicarse a todos los casos relevantes que anteceden en la lista de estos nefastos hechos.
Por años hemos escuchado hablar de violaciones cometidas por miembros de la FARC, refiriéndonos a ellos como si fueran peores o como si el estado tuviera permiso de cometer los actos de violencia, que los criminales han hecho; surge entonces el interrogante ¿en qué clase de país vivimos?
Un delito no se ubica en un rango de ser más o menos grave por quien o quienes lo cometan, un violador, es un violador y punto. Es un ser despreciable, asqueroso que debe ser condenado sin ningún tipo de amnistía. En secuencia con el caso citado, relacionado con la niña embera chamí; tiene pertinencia señalar un aparte del testimonio que su hermana Felicinda dio a los medios de comunicación, en el que narra lo siguiente: “yo mande a mi hermana a recoger unas GUAYABAS, para comer por la tarde.” Indica además que su hermana le obedeció, seguramente como lo habría hecho en otras ocasiones y sin ninguna clase de miedo, emprendió el camino con pasos indefensos de inocencia que fueron detenidos por los siete perversos que la doblegaron hasta cometer el impuro acto de violación.
En torno a este caso han circulado un sin número de suposiciones, entre ellas la posibilidad de un falso positivo, sumado a un cuestionamiento sobre la educación sexual de las comunidades indígenas en Colombia.
Resulta inaceptable que este tipo de cuestionamientos o suposiciones pongan en tela de juicio la inocencia de la niña y que ella misma sea culpable de su propia agresión y que pretendan el vago intento de victimizar a los victimarios; como también resulta gravísimo que quienes hayan cometido esta aberración, pertenezcan a un ente del Estado que tienen como deber principal protegernos, velar por nuestra libertad y seguridad ; acciones como esta son las que nos deben llevar a esa renovación de nuestra conciencia, fortalecida por el deber y el poder de nuestra responsabilidad como ciudadanos.
Quizá no siempre podremos evitar que pasen desgracias, pero podemos al menos elegir personas idóneas que actúen como deben actuar y que entiendan que la principal responsabilidad de todo servidor público consiste en velar por el bienestar de la sociedad y no en recibir aplausos.
Esperemos que este no sea uno más en la infinita lista de casos inconclusos y que los responsables paguen por justa causa.