Impunidad en delitos sexuales contra las mujeres indígenas

Por: Juan Sebastián Quintero Mendoza


Opinión. “La violencia sexual contra las mujeres es una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano, así como lo son la explotación y el abuso sexual, por parte de todos los grupos armados ilegales enfrentados y, en algunos casos, por parte de agentes individuales de la Fuerza Pública”.

¿Por qué hay impunidad en los delitos sexuales contra miembros de la población indígena?

El conflicto armado en Colombia se ensaña con las mujeres indígenas. Para los actores armados de ese conflicto, el uso de la violencia sexual constituye una estrategia de guerra. Las incursiones de ejércitos legales e ilegales a los territorios indígenas son acompañadas por acoso sexual, violaciones sexuales, prostitución forzada, esclavitud sexual y enamoramiento como táctica de cooptación de la población a través de sus mujeres.

Cuando excepcionalmente estos hechos son investigados, muchas veces las mujeres son inculpadas por las instituciones que investigan, los actores niegan lo ocurrido y existe impunidad en materia de procesos penales para los perpetradores.

El Estado colombiano ha adquirido innumerables compromisos con la firma de tratados y convenios internacionales y ha recibido múltiples recomendaciones de organismos del Sistema Interamericano y el Sistema Universal de Derechos Humanos. Pero es evidente el incumplimiento sistemático y su omisión e indiferencia frente a las tantas denuncias. Con certeza se puede afirmar que el Estado de Colombia no ha garantizado a las mujeres colombianas, y menos a las indígenas, las condiciones para gozar “una vida libre de violencias”.

El contexto

En Colombia habitan 1.378.884 personas indígenas, pertenecientes a 102 pueblos ubicados en su gran mayoría en áreas rurales. El 49,6% de la población indígena son mujeres y el 50,4% hombres. Las mujeres transmiten la lengua, reproducen la cultura. Como comadronas, consejeras, guías espirituales, mujeres médicas, ellas propician la permanencia de los conocimientos y tradiciones de los pueblos indígenas y cumplen un rol fundamental en el ciclo de seguridad alimentaria de las comunidades, con las mingas, la recolección, la siembra y la preparación de alimentos.

La Corte Constitucional de Colombia señala que hay en ese país 34 pueblos indígenas en peligro de desaparición física y cultural. Específicamente son 32 pueblos con una población menor a 500 habitantes, los mismos que viven los horrores desmedidos de la guerra y la imposición de modelos de desarrollo ajenos a su cultura y que vulneran sus derechos.

La violencia sexual contra las mujeres indígenas como estrategia de guerra

En este contexto, la violencia sexual se comete con el fin de intimidar, controlar, fraccionar, “castigar” a los pueblos y comunidades, y a las y los líderes de las organizaciones indígenas, pero forma parte, además, de la estrategia de control militar sobre el territorio.

Impunidad

La utilización del cuerpo de las mujeres, jóvenes y niñas indígenas se materializa en agresiones sexuales, esclavitud y explotación sexual, prostitución, embarazos y abortos no deseados. Estas agresiones producen un efecto devastador, en muchos casos irreparable, como el contagio de infecciones de transmisión sexual, traumas psicológicos, rechazo y estigmatización social por las comunidades y familias de las afectadas, entre otros.

Las mujeres indígenas víctimas de estas agresiones sexuales por parte de los diferentes actores del conflicto armado, en su mayoría no denuncian los actos de agresión, o si lo declaran, esta información no sale de la comunidad indígena, en muchos casos porque “factores culturales tales como la vergüenza, aislamiento y estigmatización sociales generados sobre una mujer por el hecho de haber sido víctima de violencia sexual, las llevan a ellas, e incluso a sus propias familias y comunidades, a abstenerse de denunciar lo ocurrido para no violentar lo que se percibe como el ‘honor’ de la afectada o de sus parientes.



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