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Hagamos la paz con el ambiente y con las comunidades.

Por: Mercy Osorio Almanza


Tras décadas de guerra, Colombia no solo está abierta a la exploración científica y turística, también, a la deforestación de los bosques que hoy son víctimas directas de la ausencia de estado después de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC.

El panorama es escandaloso, la región amazónica que comprende cerca del 50% del territorio colombiano es la más golpeada por la apropiación ilegal de tierras, la ampliación de la frontera agrícola, el uso inadecuado del suelo para fines agropecuarios, así como la minería ilegal y los cultivos ilícitos.

Según las cifras presentadas por el IDEAM, en el 2017 fueron deforestadas 219.973 hectáreas, estadísticas que han incrementado en tan solo dos años, representando para el país una pérdida equivalente a la desaparición de Medellín y Bogotá.

Ausencia de estado e ingobernabilidad de los territorios.

Cuando el estado es negligente y no se hace presente, cualquier organización legal o ilegal se apropia del espacio y asume una posición de poder y control sobre el uso del suelo y sobre las comunidades que la habitan, de manera que, este flagelo ecológico compromete la preservación de los bosques tropicales, tanto como la vida de las personas que intentan protegerla.

Según el informe más reciente de Global Witness, entre el 2016 y 2017 fueron asesinados 407 defensores del ambiente y el territorio, posicionando a Colombia como el tercer país más peligroso para los líderes sociales.

Es inconcebible que, mientras el gobierno se ufana por ser el segundo país más biodiverso del mundo y por promover la expedición científica al noreste de Antioquia, al otro extremo, la realidad sea crítica y no exista sentido de urgencia para generar soluciones que den fin a las cifras que hoy han salido a la luz pública.

El lugar del estado no puede seguir gobernado por una nueva era de guerra, es importante generar control a través de políticas que beneficien el desarrollo sostenible y que se cambie la idea de que el uso de la fuerza pública en el país, es la única solución a los conflictos, una farsa que nos ha perseguido por décadas.

Colombia requiere de opciones que fortalezcan las zonas protegidas, a través de iniciativas participativas con las comunidades aledañas, con el fin de impulsar las buenas prácticas a los pequeños agricultores y ganaderos para que usen métodos de producción amigables como el silvopastoreo y la mitigación del monocultivo, ya que éstas son unas de las principales causantes de la deforestación de grandes extensiones de suelos.

Los programas institucionales que apalanquen el conocimiento, la investigación, la tecnología, la infraestructura rural y el acceso a las oportunidades de los pequeños propietarios serán determinantes para afianzar la seguridad alimentaria. Paralelo a esto, es necesario abrir escenarios para el empleo no agrícola en las poblaciones rurales que permitan reducir la extinción de nuestros bosques.

El pasado 4 de octubre se celebró en Colombia el día del ingeniero forestal, una fecha que invita al nuevo gobierno a fortalecer el sistema educativo para ayudar a formar nuevos líderes interesados en defender el futuro de nuestra biodiversidad, sin el temor de ser silenciados con la violencia en un país donde la impunidad impera.

Mercy Osorio Almanza
Profesional en Comunicación Social – Periodismo
Instagram: @mapadecarton



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