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¿Funciona el aseguramiento?

Por: William Mercado Echenique


Montería. Cada vez es más difícil de entender, el funcionamiento del aseguramiento en lo que se refriere a su papel en el sistema de salud colombiano. Por un lado nos encontramos con que la cobertura, es decir, la cantidad de personas afiliadas en los diferentes regímenes, alcanza el 94,78%.

Existe un plan de beneficios para todos, independientemente del régimen de salud al que se esté afiliado. A todas luces, datos positivos cuando se trata de revisar los logros alcanzados.

Las dificultades inician cuando se quieren hacer efectivos los derechos y poner en práctica la reglamentación que existe sobre la materia.

Uno de los casos más preocupantes resulta de quienes en algún momento tuvieron “capacidad de pago”, por estar disfrutando de una vinculación laboral, pero con la poca suerte de haber quedado desempleados.

Normalmente son personas que no han realizado la encuesta del SISBEN, primer requisito para acceder a la afiliación en el régimen subsidiado.

Las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios -EAPB-, manejan a su medida y conveniencia la operación del aseguramiento, y así es como, los conceptos de movilidad, traslado, universalidad, en muchas ocasiones terminan convirtiéndose en barreras de acceso para el usuario, quien termina en el grupo de Población Pobre No Asegurada (PPNA), a cargo de los entes territoriales sin que quiera reconocerlo como tal, debiendo asumir sus atenciones de manera particular.

Pero si la persona no tiene dinero porque no está trabajando, ¿cómo hace para pagar consultas, exámenes o terapias? Esa es la respuesta: No asiste, no va o se muere sin que haya recibido la atención que requería, de manera oportuna.

Ni hablar de los cambios temporales de ciudad de residencia, aquellos que se hacen por vacaciones, temporadas de visitas familiares, trabajos por periodos inferiores a tres meses, o sencillamente porque hubo que ir a una diligencia.

Esta situación es penosa. Ni siquiera la atención por el servicio de urgencias en la mayoría de los casos se garantiza, argumentando los prestadores de servicios de salud PSS, que no hay contrato con la EAPB, o que la persona no se encuentra “sisbenizada” en esa jurisdicción y eso después no lo pagan, porque a pesar de que en el Decreto 780 de 2016 están descritos los procedimientos, casi nadie los aplica.

Sobre este aspecto particular se ven un sin fin de violaciones de derechos, desconocimiento de los procedimientos, innumerables atropellos que terminan afectando indiscutiblemente al usuario y múltiples problemas en la operación general del aseguramiento, complicando aún más la realidad de quienes debemos enfrentar día a día el sistema de salud en Colombia.



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