El reciente fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Cannavacciuolo y otros contra Italia marca un hito en la consolidación de la responsabilidad estatal frente a crisis ambientales de gran magnitud. Este caso se originó en la región de Campania, específicamente en la denominada “Terra dei Fuochi”, un área que por décadas ha sido el epicentro de vertidos ilegales de residuos peligrosos y su incineración descontrolada.
La contaminación del suelo, el agua y el aire ha generado una crisis sanitaria sin precedentes, con altos índices de enfermedades respiratorias, cáncer y afecciones cardiovasculares en la población local, las víctimas, en su mayoría residentes de comunidades vulnerables, han sufrido un deterioro significativo en su calidad de vida debido a la exposición prolongada a sustancias tóxicas.
El fallo europeo encuentra eco en precedentes clave del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Corte Interamericana ha desarrollado un marco robusto que obliga a los Estados a garantizar un medio ambiente sano y a prevenir daños irreparables a las comunidades, casos emblemáticos como Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador y La Oroya vs. Perú han consolidado el principio de que la omisión estatal en la regulación y supervisión de actividades contaminantes constituye una violación de los derechos humanos.
En el caso Sarayaku, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó a Ecuador por autorizar actividades extractivas en territorio indígena sin consulta previa, afectando gravemente su entorno y calidad de vida, esta decisión estableció que los estados deben adoptar medidas preventivas para evitar daños ambientales, aun cuando la relación de causalidad entre contaminación y efectos en la salud no esté completamente probada.
Este mismo criterio fue clave en la condena a Italia: la falta de certeza científica sobre los efectos precisos de la contaminación en Terra dei Fuochi no eximía al Estado de su deber de protección.
Por su parte, el caso La Oroya vs. Perú es especialmente relevante para el sector empresarial, ya que la Corte IDH determinó que la contaminación generada por un complejo metalúrgico afectó gravemente la salud de la población y el medio ambiente. Este fallo no solo resaltó la responsabilidad del Estado, sino que también enfatizó la necesidad de que las empresas adopten estrategias de mitigación de impactos ambientales y realicen evaluaciones constantes de sus operaciones para evitar daños irreparables.
Las empresas involucradas en actividades industriales y extractivas deben comprender que este tipo de fallos internacionales tienen consecuencias directas en su operatividad y reputación, el incumplimiento de estándares ambientales no solo puede derivar en litigios costosos y sanciones económicas, sino que también puede afectar el acceso a financiamiento internacional, restringir mercados y generar boicots de consumidores cada vez más conscientes del impacto ambiental de las corporaciones, adicional las aseguradoras y los fondos de inversión han comenzado a aplicar criterios estrictos de sostenibilidad, lo que implica que aquellas empresas con historiales de impactos ambientales negativos pueden enfrentar dificultades para obtener respaldo financiero o asegurar sus operaciones.
El caso italiano también pone de manifiesto la insuficiencia de medidas para combatir la crisis ambiental, en Terra dei Fuochi, la contaminación fue exacerbada por la connivencia entre el crimen organizado y la negligencia estatal, lo que prolongó la crisis durante décadas, esta falta de acción estructural también ha sido objeto de condenas en el Sistema Interamericano, como en Caso González y Otras (“Campo Algodonero”), donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que las violaciones sistemáticas requieren respuestas estatales coordinadas y no sólo soluciones parciales.
La decisión del Tribunal Europeo en Cannavacciuolo confirma que los Estados no pueden ignorar indefinidamente los impactos de la contaminación en sus ciudadanos, la convergencia entre la jurisprudencia europea e interamericana en materia de justicia ambiental refuerza la idea de que los derechos humanos y el medio ambiente son dimensiones inseparables de la protección internacional, en este contexto, la presión sobre los gobiernos y las empresas para tomar medidas efectivas y coordinadas en la prevención y mitigación de desastres ambientales no hará sino aumentar.
Las empresas deben comprender que la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental ya no son simples tendencias corporativas, sino elementos fundamentales de su viabilidad a largo plazo. El caso italiano y los precedentes interamericanos confirman que el incumplimiento de estándares ambientales puede acarrear no solo sanciones estatales, sino también condenas internacionales que afectan la reputación y el valor de las compañías en el mercado global.
La prevención, a través de estrategias empresariales responsables, es hoy la mejor inversión para garantizar estabilidad y legitimidad en un mundo donde el escrutinio ambiental es cada vez mayor, adicionalmente, la transparencia en la gestión ambiental y la implementación de certificaciones ecológicas pueden ser claves para diferenciar a las empresas en mercados altamente competitivos y en contextos donde los consumidores exigen cada vez más responsabilidad y compromiso con el entorno.
En última instancia, el mensaje es claro: la irresponsabilidad ambiental ya no es un riesgo abstracto, sino un factor determinante en la sostenibilidad de los negocios, el sector empresarial debe actuar con visión de futuro, integrando modelos de desarrollo que prioricen la reducción del impacto ambiental, la innovación sostenible y la alineación con los estándares internacionales, las empresas que ignoren esta realidad no solo se enfrentan a demandas y sanciones, sino que ponen en peligro su propia existencia en un mundo donde la sostenibilidad es la nueva norma.
Abogado, Magister en Derecho Ambiental y Urbano Territorial,
Especialista en Derecho Ambiental Territorial & Urbanístico
Especialista en Derecho Contencioso Administrativo,
