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El uso responsable de la tutela en salud

Opinión / Por William Mercado Echenique


Con frecuencia se escuchan, observan y leen los fallos o decisiones que toman jueces y magistrados sobre distintas situaciones de salud, que son consideradas por usuarios y familiares como vulneración de este derecho fundamental y que es exigido a través de la acción de tutela.

Lo primero que hay que anotar, es que solo a partir de la entrada en vigencia de la Ley Estatutaria en Salud, Ley 1751 de 2015, el derecho a la salud fue considerado, derecho fundamental.

Antes, el reclamo de aquello que se consideraba como negado, no atendido, o ignorado, se hacía argumentando que la salud era un derecho conexo a la vida, a la dignidad humana y a la integridad personal.

En segundo lugar, se debe tener claro, que la tutela es un mecanismo que surgió en la constitución de 1991 y podría decirse que ha sido eficaz, si se trata de los beneficios que ha ofrecido a miles de ciudadanos, sin que se deba recurrir a opciones judiciales onerosas y sumamente extensas en el tiempo, garantizándoles medicamentos, tratamientos y/o procedimientos que no se encuentran incluidos en el plan de beneficios de salud, pero que su uso es inminente para garantizar la vida y mejorar la condición de salud de la persona, con la rapidez y agilidad inherentes a este mecanismo.

Aquí se entra en un terreno de múltiples aristas, pues los jueces en muchos casos terminan decidiendo sobre lo que es mejor o necesita la persona, instando a todos los actores del sistema de salud a que provean lo necesario para mantenerla con vida o mejorar su condición médica, sin que existan límites para ello. Y si bien es cierto que existen solicitudes sólidas, no se puede desconocer que pelear por elementos como pañales, cremas y lociones para la piel o cirugías estéticas enmascaradas en algunas patologías, no nos hace menos responsables del estado actual de nuestro sistema de salud.

Es así que de pronto se olvidó que los recursos de la salud son finitos. Estos no son ilimitados, ni surgen de una fuente inagotable de dinero.

Esta posición, ha llevado al estado a incurrir en gastos que exceden su capacidad y vuelven insostenible un sistema que cada vez está más debilitado por la interacción perversa de todas las variables que lo componen, y lo vuelven dramáticamente complejo.

Cuando se recurre a un juez de tutela cuya disciplina de conocimiento es distinta al campo de la salud, obligando a quien le corresponda, a que cumpla con la orden impartida, aun no teniendo cómo o con qué, llevando a los juzgados las decisiones sobre la salud y su cuidado, sin que haya razón para ello, se están dando muchos pasos hacia el abismo que resulta de gastar más de lo que hay.

Como todo, el uso de la acción de tutela debe ser razonable, responsable y racional, pensando en el largo plazo de un escenario que ha hecho posible que se tenga acceso a un sistema de salud que no es perfecto, pero que ha salvado millones de vidas.



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