El internet como derecho humano

Por: Juan Sebastián Quintero Mendoza


Opinión. “La vida del Derecho no ha sido la lógica, sino la experiencia”

Oliver Wendell Holmes Jr.

Un tema muy discutido en materia del Derecho de las Nuevas Tecnologías, gira en torno a la duda entre considerar el acceso a internet como un Derecho Humano o no.

Lo primero que quiero hacer en esta columna es hallar la respuesta a este interrogante: ¿El acceso a internet es un Derecho Humano?, al respecto hay que esbozar las siguientes consideraciones:

En el derecho nacional debemos tener en cuenta que la influencia no está dada por el Derecho Internacional, sino que es la Constitución y el bloque de constitucionalidad los que definen el modelo de Estado y los derechos fundamentales que se deben garantizar a las personas. Una cosa son los derechos desarrollados en el ámbito internacional y otra diferente los que expone y desarrolla nuestra Carta Política.

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En primer lugar, hay que indicar que Colombia como Estado Social de Derecho reconoce garantías mínimas a las personas que se materializan en ese carácter prestacional y estado de bienestar que está a cargo de la administración. Esto no es otra cosa que el respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales.

Sin embargo, la teoría de los derechos subjetivos indica que los derechos no son solo lo que enuncia la Constitución, sino que, por el contrario, son todos aquellos que se desprenden de los tratados internacionales sobre Derechos Humanos y los que va desarrollando la Corte Constitucional en su jurisprudencia. En particular, aquellos que se deduzcan de la existencia humana, la dignidad humana y el desarrollo de los principios que se enmarcan en el Estado Social de Derecho.

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Por tal razón, el acceso a internet tiene cabida como derecho en nuestro ordenamiento jurídico. No obstante, se trata de un derecho en sentido formal y no material debido al carácter prestacional que implica. Así pues, es un derecho sometido al principio de sostenibilidad fiscal, en donde se busca la progresividad y no regresividad del mismo.

De ahí que existan subsidios en materia de servicios públicos de telecomunicaciones a los estratos 1 y 2, en donde se evidencia un intento por alcanzar la igualdad material del acceso a internet. No es otra cosa que aplicar una discriminación positiva mientras se alcanza ese ideal. Así mismo, la estandarización del concepto de internet banda ancha, la apertura de Centros (como los Vive Digital) y conexiones abiertas para el acceso en zonas remotas.

Conclusión

Así las cosas, se puede considerar que el derecho de acceso a internet es un Derecho Humano de aceptación internacional, que aún encuentra dificultades de adaptación en el ámbito nacional, particularmente, por su carácter prestacional que hace frente al principio de sostenibilidad fiscal.

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De acuerdo a lo mencionado anteriormente, lo cierto es que el Derecho y las Leyes que lo consagran no deben ser rígidos, sino que debe adaptarse al contexto social. En este sentido, debe existir un compromiso, cada vez más grande, de los órganos gubernamentales en pro de garantizar el acceso a internet de los ciudadanos.

Con lo anterior, no estoy desconociendo los esfuerzos que ya se han realizado en la materia, sino que alzo la voz a favor de aquellos que no tienen este servicio digital en medio del aislamiento social obligatorio ocasionado por el COVID-19.



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