¿Qué harían las empresas latinoamericanas si, de repente, los bancos y fondos de inversión internacionales les cerraran las puertas por no cumplir con estándares ambientales y sociales?
Esta es una pregunta que muchos empresarios de la región deberán plantearse a corto plazo. Con la publicación de las directrices de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) en enero de 2025, el financiamiento global ha cambiado de manera definitiva.
La ABE, principal regulador del sistema bancario en la Unión Europea, estableció nuevas reglas que obligan a los bancos europeos a integrar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) en su estrategia de crédito y evaluación de riesgos. Estas directrices exigen que las entidades financieras evalúen cómo los riesgos climáticos, los impactos ambientales negativos y los conflictos sociales pueden afectar la estabilidad del sector financiero. En consecuencia, los bancos ahora deben priorizar proyectos y empresas alineadas con la sostenibilidad, mientras que aquellas que no cumplan con estos criterios podrían enfrentar mayores costos financieros, restricciones de crédito o incluso el cierre de puertas al financiamiento europeo.
Esto no es un problema menor para América Latina, una región que depende en gran medida del financiamiento de bancos europeos para sectores estratégicos como la infraestructura, la minería, la agroindustria y la energía. Las nuevas reglas no solo afectarán a grandes corporaciones, sino también a empresas medianas y pequeñas que requieren financiamiento extranjero para expandirse y competir en mercados internacionales.
Hasta hace unos años, los factores ESG eran vistos como elementos secundarios en la evaluación de riesgos financieros, hoy, son una condición indispensable para el acceso al capital, en América Latina, esto afecta especialmente a sectores con alta exposición a riesgos ambientales y sociales.
Los efectos de este cambio ya se sienten en la región; empresas con altos impactos ambientales enfrentan costos de financiamiento más elevados, pues los inversionistas buscan reducir su exposición a sectores con riesgos climáticos o conflictos con comunidades, el escrutinio de los inversionistas internacionales es cada vez más riguroso, lo que obliga a las empresas a mejorar sus prácticas de transparencia y gobernanza, los proyectos que no se alinean con los objetivos climáticos globales encuentran dificultades para acceder a financiamiento bancario y de fondos de inversión.
En términos prácticos, esto significa que las empresas que buscan financiamiento de bancos europeos ahora deben demostrar que sus operaciones cumplen con estándares estrictos de sostenibilidad. Esto puede implicar desde compromisos para reducir su huella de carbono hasta políticas claras de debida diligencia en derechos humanos y gobernanza.
Según un informe de RSM Global, el 57% de las empresas latinoamericanas no está preparada para adoptar estándares globales de sostenibilidad, este dato refleja un reto crucial: la falta de alineación con los criterios ESG no solo representa una barrera regulatoria, sino también un riesgo financiero real.
Los efectos de estas nuevas regulaciones no se limitarán a grandes proyectos. Incluso pequeñas y medianas empresas que busquen financiamiento en mercados internacionales deberán demostrar que cumplen con estándares básicos de sostenibilidad, esto significa que no solo las industrias extractivas estarán bajo la lupa, sino también sectores como la manufactura, el transporte y la construcción.
Además, el impacto de estas regulaciones no es solo financiero. La presión por adoptar estándares ESG también está transformando las dinámicas comerciales, empresas que exportan a Europa –especialmente en sectores como la agroindustria– enfrentan mayores requisitos de trazabilidad y certificaciones ambientales. El Reglamento de Deforestación de la UE, por ejemplo obligará a los productores de cacao, café, carne y soya a demostrar que sus productos no contribuyen a la destrucción de ecosistemas. Esta tendencia continuará expandiéndose a otros sectores, incluyendo la industria energética y manufacturera.
Sin embargo, este desafío también puede convertirse en una oportunidad estratégica para la región. América Latina tiene ventajas comparativas en sectores clave para la transición energética y la sostenibilidad, como las energías renovables, la conservación de la biodiversidad y la economía circular.
Los proyectos y empresas que adopten estrategias ESG pueden beneficiarse de acceso a financiamiento más favorable, incluyendo bonos verdes y créditos sostenibles con mejores condiciones, mayor inversión extranjera, alineándose con las expectativas de los mercados globales y mejorando su reputación en la comunidad financiera, reducción de riesgos legales y reputacionales, lo que fortalece la confianza de inversionistas, clientes y comunidades.
Países como Chile, Colombia y Brasil han dado pasos importantes en la regulación del financiamiento sostenible y la emisión de bonos verdes, pero aún falta que esta visión se expanda a sectores más tradicionales y de alto impacto.
Los bancos locales en América Latina también enfrentarán presiones para adaptarse a esta nueva realidad. Si bien las regulaciones de la ABE afectan directamente a las entidades financieras europeas, la influencia de estos bancos sobre el sistema financiero global hará que los criterios ESG se conviertan en una exigencia indirecta para las instituciones financieras latinoamericanas. No será extraño que en los próximos años los reguladores locales comiencen a exigir a la banca regional la integración de riesgos ESG en su evaluación crediticia.
Esto significa que, tarde o temprano, todas las empresas de la región –grandes y pequeñas– deberán transformarse para cumplir con estos estándares. La pregunta ya no es si este cambio ocurrirá, sino cuándo y con qué rapidez se adoptarán estas nuevas reglas.
Las nuevas regulaciones europeas confirman una tendencia irreversible: los bancos e inversionistas están priorizando proyectos alineados con criterios ESG. Aquellas empresas que no integren la sostenibilidad en su modelo de negocio enfrentarán barreras cada vez mayores para acceder al capital necesario para su crecimiento.
Este no es solo un tema de regulación, sino de competitividad. América Latina tiene una oportunidad única para convertirse en un actor clave en la transición hacia un desarrollo más sostenible. La pregunta no es si el mercado se adaptará a estas nuevas reglas, sino quiénes lo harán a tiempo y quiénes quedarán rezagados.
El futuro del financiamiento ya está definido. Ahora, depende de América Latina decidir si quiere ser parte de él.
