El derecho humano al agua en tiempos del coronavirus

Por: Juan Sebastián Quintero Mendoza


Opinión. “No usar mascarilla, no lavarse las manos y no mantener la distancia, es transformarse literalmente en un homicida”
Salim Mattar, (científico).

Esas son las primeras medidas que recomiendan en todo el mundo para combatir el coronavirus (COVID-19). El agua ha vuelto a cobrar protagonismo en tiempos de pandemia. Sin embargo, ¿quiénes en Córdoba tienen acceso al agua potable durante 24 horas al día, familias campesinas de la zona rural o las del casco urbano en las ciudades? Tener acceso al agua potable es un derecho que no es compartido por todas las familias colombianas.

Las brechas por el acceso al agua potable y al saneamiento en las zonas urbanas todavía son altas. Más aún en comparación con las zonas rurales del país. Las personas sin acceso al agua potable son las más vulnerables, y esto se pone en evidencia en esta pandemia. Muchísimas familias se ven en la necesidad de salir diariamente de sus casas para conseguir o comprar agua con los pocos recursos económicos que cuentan.

Siempre hemos escuchado que el agua es «fuente de vida», pero también es uno de los recursos más escasos y reclamados por la población. Es el origen de conflictos socioambientales en municipios, departamentos y en diversas regiones del país. Estos han venido marcando nuestra agenda política de los últimos años. Esto nos hace regresar a los debates de los años noventa: ¿el agua es un bien común o es un bien económico? Hoy, la pandemia del COVID-19 nos vuelve a poner sobre la mesa ese debate y la necesidad de repensar el agua como bien común.

En estos días se ha puesto en cuestión y se ha criticado la situación precaria de la infraestructura y la institucionalidad del Sistema Nacional de Salud en Colombia y Córdoba. Parte de ello se debe a los problemas para el acceso al agua, de la cual depende la salud de la población.

Ello nos lleva a preguntarnos ¿cómo se encuentra la gestión pública del agua en Colombia? Esta es poco visibilizada, dado el carácter técnico que la caracteriza y los distintos intereses que en ella se encuentran. Las principales autoridades y funcionarios de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, y el Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio, son permanentemente cambiadas, por lo que no hay continuidad institucional. Existe una fragilidad institucional. Es en estos momentos que la coordinación con el Ministerio de Salud cobra importancia especial para hacer frente a la emergencia que plantea el coronavirus.

Aunado a lo anterior, el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA), indicador que califica el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano, no favorece la contención de la pandemia, ya que además de la falta de cobertura, la calidad del agua que llega a los hogares no es óptima para ayudar a combatir el COVID-19.

Asimismo, en la gestión del agua, la participación de las organizaciones de usuarios cobra gran importancia. Sin embargo, las Juntas comunales, así como los encargados de administrar, operar y mantener los servicios de agua y saneamiento en las zonas rurales y periurbanas, son todavía débiles organizativamente.

¿Cuál es la lección que sacamos a raíz de los tiempos de coronavirus, en cuanto a la gestión del agua? Nos abre una ventana de oportunidad para llamar la atención sobre la necesidad de una gestión pública del agua transparente que proporcione seguridad hídrica, y acceso al agua potable y saneamiento a todos los colombianos. Esta es la forma de proteger y garantizar la salud de toda la población, entendiendo que el acceso al agua potable es un derecho humano y el agua es un bien común.



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