En el departamento de Córdoba, donde algunos recursos médicos son escasos y las distancias parecen a veces más largas de lo que son, muchas mujeres embarazadas enfrentan una lucha desigual contra complicaciones graves. Así lo revela un estudio reciente sobre cuidados críticos obstétricos (https://doi.org/10.1016/j.acci.2024.11.004), desarrollado por el Dr. Francisco Camargo y colaboradores, en el que, en años previos a la pandemia, de casi 60,000 embarazadas atendidas, el 0.52% ingresaron a la UCI. Sin embargo, esa pequeña cifra representa una problemática mucho mayor: los trastornos hipertensivos del embarazo y el choque hipovolémico posparto, causas principales de ingreso, no son simples emergencias médicas, sino reflejos de un sistema de salud desigual y fragmentado.
El dato no es más alarmante que las historias que estas cifras esconden, cerca de un 25% de las pacientes, provenientes de zonas rurales y dispersas, carecían de cualquier tipo de atención prenatal. Y no es por negligencia personal, sino por una combinación de barreras geográficas, pobreza, desinformación y falta de acceso a servicios especializados en zonas rurales. Lo que al final hace que el tiempo promedio de internación en UCI se extienda significativamente para las pacientes provenientes de regiones rurales o con comorbilidades. En muchos casos, estas mujeres recorrieron horas en condiciones críticas para llegar al hospital, tiempo que pudo haber sido la diferencia entre la vida y la muerte.
Más allá de los números.
El estudio no solo nos habla de estadísticas; nos muestra la crudeza de la desigualdad. En las zonas rurales, donde los partos asistidos por personal especializado son más raros que el acceso a transporte adecuado, las complicaciones del embarazo son casi una sentencia. Aún más preocupante es que muchas pacientes llegan en etapas críticas porque no existen mecanismos para identificar riesgos tempranos en sus comunidades.
La mortalidad materna en este estudio fue baja, sin embargo, en un país como Colombia, que aspira a reducir inequidades, cada muerte materna evitable debería considerarse inaceptable.
Hacia una solución
Este estudio también deja claro que las soluciones están a nuestro alcance. Mejorar la cobertura y calidad de los controles prenatales, implementar modelos de telemedicina en zonas remotas, fortalecer la infraestructura hospitalaria y mejorar las condiciones de transporte y remisión de las pacientes son pasos esenciales. Más allá de esto, necesitamos políticas públicas que no solo respondan a emergencias, sino que además prevengan que estas ocurran.
Las mujeres rurales e indígenas no solo enfrentan riesgos de salud mayores, sino que también luchan contra un sistema que les niega acceso equitativo a servicios críticos. Reconocer esto y actuar es responsabilidad de todos: desde los gestores de políticas públicas hasta los profesionales de la salud.
Reflexión final
Las cifras de este estudio no son solo números en un artículo científico, representan vidas y familias marcadas por la falta de acceso a servicios básicos. Como médico y ciudadano, creo firmemente que la salud materna debe ser una prioridad nacional, no solo un indicador más.
Es momento de invertir en las mujeres que sostienen a nuestras comunidades. Cuando salvamos una mujer gestante, fortalecemos el tejido de toda una sociedad.
