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Apague y vámonos

Opinión / Por: William Mercado


Por William Mercado

Justo cuando el país se encontraba en el clímax de la jornada electoral que se avecinaba, en medio de la polarización por la que estuvo caracterizada y mientras se discutía sobre los temas que de verdad le importaban al electorado, de manera sorpresiva la Procuraduría General de la Nación, expidió la Circular 014 de 2018, en la que se establecieron lineamientos en lo que tiene que ver con la inembargabilidad de los recursos destinados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, siendo este sector uno de los más críticos actualmente.

La profunda crisis que embarga al sistema de salud colombiano tiene todos los ingredientes: por un lado, se encuentran las Entidades Promotoras de Salud – EPS, fortalecidas por una normatividad que parece preocuparse en exceso por su permanencia, sin importar que en su accionar, arrase con los que se relacionan directa o indirectamente con ellas.

De otra parte, se encuentra el usuario, asegurado o paciente, quien debe sufrir las múltiples desavenencias de la dinámica desorganizada que lideran las EPS. Llegamos a los prestadores de servicios de salud – PSS, conocidos comúnmente como IPS, de los que casi nadie habla, en el marco de la hecatombe que se vive diariamente, quedándose estos con la carga provocada por la dualidad de responderle a la EPS y atender adecuadamente al usuario.

Mientras es noticia diaria el cese de actividades en diferentes instituciones dedicadas a la prestación de servicios de salud, por retraso de meses y algunos casos de años en los pagos al personal, jamás se ha escuchado similar situación para los empleados de las EPS, quienes tienen garantizado sus salarios y honorarios por el 8% de administración al que tienen derecho, para gestionar el riesgo en salud de sus afiliados.

Como si no existieran mecanismos suficientes a favor de las aseguradoras del sector salud liderados por el Ministerio de Salud y Protección Social, ahora, la PGN en la mencionada circular, además de retroceder en cuanto a la jurisprudencia existente, deja sin herramientas a los prestadores de servicios de salud para exigir el pago de los servicios para los que se les contrata, con el agravante que por disposiciones de la Superintendencia Nacional de Salud, tampoco pueden cerrar servicios argumentado falta de pago.

¿Cómo se supone que las IPS van a financiar los gastos y costos inherentes a la prestación de servicios, si en estos momentos la acción de cobro, se convirtió en un saludo a la bandera, pues no se puede acudir a un proceso ordinario, la función jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de Salud no opera, y el MSPS, regula para beneficio de las EPS?

¿Qué les queda a los prestadores de servicios de salud que quieren permanecer en el medio, en el que han construido procesos significativos?

Como lo veo, la suerte está echada: el pronóstico es reservado, la tendencia es que los prestadores de servicios de salud desaparezcan, por lo menos en la dinámica del modelo actual.

Así las cosas, no me resta más que decir, que no hay mucho o nada por hacer. Apague y vámonos



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