Alternancia o imprudencia

Por: Guillermo Montiel Payares*


La Secretaría de Educación de Montería confirmó que a partir de mediados de octubre las instituciones públicas y privadas podrán comenzar a aplicar el modelo de alternancia escolar, sin embargo, dicho modelo solo podrá ser empleado con los estudiantes de grado once, siempre y cuando los centros de formación académica, cumplan con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud; para ser más exactos, los contemplados en la tan mencionada Resolución 666 de 2020.

Conviene subrayar, que los aparentemente trillados manuales de bioseguridad son más complejos de lo que se cree, es decir, no basta con implementar los estándares que a la vista la mayoría de la población conoce, esto es, tapabocas, control de temperatura y promoción del distanciamiento social entre otros, se debe agregar, los reportes de obligatorio cumplimiento, la medición de los perfiles epidemiológicos, el reporte de eventos adversos, reporte de síntomas, control de factores externos ligados a la convivencia de los actores (todas las personas que hacen parte de la institución), limpieza y desinfección de áreas  (en especial los baños), control de lavado de manos y uso de elementos de protección personal, dicho de otra manera, no es tan papaya.

Es necesario recalcar que, desde la perspectiva financiera el costo de implementación de los manuales de bioseguridad por día o jornada laboral es altamente costoso y por normativa, la institución debe asumir los rubros correspondientes a las adecuaciones locativas, entrega de elementos de protección, señalización de áreas, control de movilidad interna, pólizas de responsabilidad y garantía de tecnologías de la información y la comunicación para profesores y estudiantes que decidan no participar en el modelo propuesto.

Hecha esta salvedad, basta con que uno, óigase bien, uno solo de los miembros del equipo de alternancia cometa una imprudencia y termine contagiado, para echar por la borda gran parte del proceso y sobre todo la inversión porque obligatoriamente tendrían que declarar en cuarentena a sus contactos estrechos, en otras palabras, a todos los compañeros del salón de clases, a los profesores que pasaron por el curso de la persona contagiada y así sucesivamente. No es por querer ser “de mala vibra”, pero nuestra población está parada en una delgada línea entre el aislamiento inteligente selectivo y el regreso al aislamiento obligatorio.

Probablemente cada  rector tendrá sus propias motivaciones, pero a menos de treinta días para terminar el calendario académico y ante la lista “cuasi” interminables de otros requerimientos, en especial en los colegios públicos, considero prudente no incurrir en este tipo de gastos, es decir, reservar el dinero que tienen destinados para la reapertura por alternancia e invertirlo en otras acciones prioritarias; lo anterior no quiere decir que las instituciones no deben pensar en retomar su objeto social, obviamente llegará el momento, pero hacerlo a pocos días de salir a vacaciones, parece en apariencia una pérdida de tiempo y una inversión improductiva de los recursos públicos.

Hecha esta salvedad, la mayoría de las instituciones educativas, en especial las púbicas y más aun las de la zona rural, tienen deficiencia en el suministro de agua, baños en mal estado, canchas deportivas con notorio deterioro, paredes con humedades, pintura con desgastes, carencia de bibliotecas, papelería y sistemas informáticos entre otros. Conveniente sería entonces, que los encargados de la administración y dirección de las mencionadas entidades, en vez de incurrir en la arriesgada preparación para combatir el Covid, deberían gestionar los recursos para ordenar la casa, basta con suponer la escasez del preciado líquido y lavamanos para concluir que cualquier plan de contingencia que se diseñe terminará siendo un desastre.

En definitiva, invito al gobernador, a los alcaldes, secretarios de educación y rectores de instituciones educativas, a gestionar primeramente los recursos para optimizar la infraestructura y las condiciones locativas de los colegios, para que más adelante, posiblemente a finales de enero del próximo año, el inicio de clases sea congruente con los planes de mejora proyectados y no cargados de restricciones adicionales a las ya existentes.



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