La Defensoría del Pueblo rechazó este jueves la decisión de las disidencias del autodenominado Estado Mayor Central (EMC) de las FARC-EP de restringir el acceso de organismos humanitarios, incluida la propia Defensoría, a los territorios bajo su influencia, calificando la medida como una violación del derecho internacional humanitario que castiga directamente a las comunidades civiles.
En un comunicado oficial, la entidad advirtió que impedir o condicionar la presencia de organismos humanitarios imposibilita el monitoreo de riesgos para la población civil, deja a las comunidades sin el acompañamiento al que tienen derecho y limita el acceso a la atención humanitaria en zonas de conflicto.
“Restringir a la Defensoría del Pueblo no solo afecta el ejercicio de nuestra función constitucional, sino que en la práctica termina castigando a las comunidades”, señaló la entidad en su pronunciamiento, rechazando además los intentos del EMC de deslegitimar, obstaculizar o poner en riesgo la labor de sus funcionarios, quienes trabajan en contextos adversos para velar por los derechos humanos y la dignidad humana.
La Defensoría recordó que sus gestiones humanitarias son imparciales, independientes y autónomas, orientadas a la construcción de paz con respeto del derecho internacional humanitario, refutando así las acusaciones del EMC sobre supuesta filtración de información a las Fuerzas Militares.
La entidad reafirmó su compromiso indeclinable con la protección de la dignidad humana en medio del conflicto armado y anunció que continuará adelantando su labor humanitaria.
