El presidente Gustavo Petro le impartió este viernes una orden pública y directa al director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman: que antes del 6 de agosto, fecha en que termina el mandato, ninguna hectárea de las más de 700.000 captadas para la reforma agraria puede quedar sin ser entregada a una familia campesina.
Lo hizo desde Cereté, Córdoba, durante el acto de firma de la ley estatutaria de Jurisdicción Agraria y entrega de 3.000 hectáreas a comunidades del Bajo Sinú.
La instrucción presidencial vino acompañada de una advertencia sobre lo que puede ocurrir si esa tierra no pasa a manos campesinas a tiempo.
Según Petro, existe el riesgo real de que las 700.000 hectáreas desaparezcan de nuevo en poder de senadores ligados a mafias armadas y criminales si un gobierno diferente llega al poder. “No trabajamos para ellos”, dijo el mandatario, dejando claro que la entrega efectiva de predios es la única manera de blindar lo que considera la obra central de su administración.
Frente a las críticas sobre la velocidad del proceso, el presidente le dijo directamente a Harman que si necesita 12.000 personas para lograr que esas 700.000 hectáreas pasen a dueñas fundamentalmente del pueblo, que las contrate.
“No importa la crítica de la prensa”, afirmó Petro, poniendo de manifiesto que la presión mediática no frenará el ritmo de las titulaciones en los meses que le quedan al Gobierno.
El mandatario también reconoció una debilidad del proceso: que el fondo de tierras ha logrado capturar un volumen importante de predios, pero que el número real de hectáreas efectivamente entregadas al campesinado sigue siendo el punto crítico. “La tierra tiene que quedar en las manos callosas, sufridas de la campesina y del campesino cordobés”, señaló.
Petro cerró ese apartado de su discurso proyectando que si un gobierno progresista lo sucede, la meta debería escalar de 700.000 a tres millones de hectáreas. “Sea lo que sea, la tierra tiene que quedar en manos campesinas antes que cualquier riesgo”, concluyó.
