No hay investigación judicial contra Petro en EE.UU.: MinJusticia

El funcionario desmintió rumores sobre procesos en cortes estadounidenses contra el mandatario colombiano.
2 semanas atrás

El Ministerio de Justicia negó que existan procesos judiciales contra el presidente Gustavo Petro en Estados Unidos. Andrés Idárraga, quien lidera la cartera en calidad de encargado, descartó cualquier procedimiento penal en cortes norteamericanas y diferenció la situación del mandatario colombiano con la del venezolano Nicolás Maduro.

En diálogo con La W Radio, Idárraga rechazó versiones que circulan sobre posibles acusaciones formales. “No tenemos conocimiento de ningún proceso iniciado ni de solicitud judicial que justifique escenarios tan extremos como pretender legitimar que una autoridad estadounidense capture al mandatario colombiano”, afirmó el jefe de la cartera.

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A pesar del momento de fricciones diplomáticas con Washington, Idárraga garantizó que la lucha conjunta contra el narcotráfico no se ha detenido. El ministro recordó los resultados obtenidos en operaciones contra el fentanilo y mencionó el empleo de drones para fumigación de plantaciones ilícitas.

“Los canales de comunicación con el Gobierno americano nunca se han interrumpido, mantenemos contacto directo con el Consejo Nacional de Seguridad”, declaró el funcionario sobre los vínculos bilaterales en materia de seguridad.

Idárraga también expresó su molestia por la falta de respaldo institucional al presidente Petro tras las amenazas de Donald Trump. El ministro criticó el silencio de las Altas Cortes y del Congreso, y pidió que el Registrador Nacional también se pronuncie.

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“Esperamos posiciones muy institucionales, sin pasiones, que demuestren el compromiso con la tradición democrática colombiana”, señaló al exigir claridad de todos los poderes públicos.

El ministro encargado también reprobó las palabras de congresistas que apoyaron una posible acción militar estadounidense en territorio colombiano. Idárraga calificó esas posturas como inaceptables y opuestas a la defensa de la soberanía que todo servidor público debe garantizar.