El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, salió al paso de las acusaciones del Gobierno nacional que lo señalan de estar dilatando deliberadamente el trámite de la reforma pensional.
Durante el XX conversatorio de la Corte Constitucional, el magistrado negó ser responsable de las demoras en el proceso.
“No es que esté engavetada, no es que se demore por culpa de un magistrado, en este caso por el magistrado sustanciador”, afirmó Ibáñez, quien además aclaró que todas las decisiones relacionadas con este caso corresponden a la Sala Plena de la corporación y no a él como ponente individual.
El alto funcionario explicó que el retraso obedece exclusivamente a que la Cámara de Representantes no ha entregado la documentación completa requerida para avanzar en el estudio de constitucionalidad.
“Es que mientras no se nos suministre la información correspondiente, no se puede avanzar”, puntualizó.
La Corte Constitucional ha solicitado en múltiples ocasiones la certificación formal de aprobación de las actas correspondientes a las sesiones plenarias del 27 y 28 de junio de 2025, cuando se debatió nuevamente la reforma tras detectarse vicios de trámite.
Aunque la Cámara ha enviado reportes nominales y constancias de votación, aún no remite la certificación específica que requiere el tribunal.
Las declaraciones de Ibáñez responden a los duros cuestionamientos del presidente Gustavo Petro y del ministro del Interior, Armando Benedetti, quienes han acusado al magistrado de tener intereses políticos para impedir la entrada en vigor de la ley.
Petro llegó a afirmar en redes sociales que el magistrado busca aplazar la reforma por temor a su efecto electoral.
El magistrado enfatizó que su función es únicamente la de sustanciador, mientras que las determinaciones finales las adopta la Sala Plena compuesta por nueve magistrados.
La reforma pensional, aprobada como Ley 2381 de 2024, permanece suspendida hasta que la Corte resuelva definitivamente sobre su constitucionalidad.
