La defensora del Pueblo, Iris Marín, solicitó formalmente al Gobierno nacional reevaluar los operativos de bombardeo militar tras la muerte de al menos ocho menores en dos ataques la semana pasada. La funcionaria enfatizó que esta petición no representa un abandono definitivo de los bombardeos, sino una pausa para examinar sus graves consecuencias.
Marín subrayó que en los últimos cuatro bombardeos han muerto menores que fueron víctimas de reclutamiento forzado. “No es admisible, ni ética ni jurídicamente, que haya habido cuatro bombardeos seguidos y en los cuatro hayan muerto menores de edad”, expresó la defensora.
La Defensoría busca determinar si la planeación de estas operaciones consideró realmente la alta probabilidad de presencia de menores en las filas y cuáles fueron las medidas tomadas para evitar su muerte. Marín mencionó que hay declaraciones contradictorias por parte de altos funcionarios, donde uno alega desconocer la presencia de menores y otro dice que era presumible.
La funcionaria explicó que la Fuerza Pública debe agotar otros mecanismos militares utilizando medidas de inteligencia, pues no es admisible dar por sentado que la afectación a menores sea un daño colateral admisible sin incrementar las medidas de precaución.
La defensora recalcó que el responsable principal de esta tragedia son las disidencias de alias Iván Mordisco, que han reclutado el mayor número de niños y niñas. La Defensoría documentó 162 casos de reclutamiento forzado en 2024, aunque la cifra real es mucho mayor según datos de desvinculación del ICBF
