Montería. El ya magullado bolsillo de las familias colombianas deberá prepararse para un nuevo golpe, la Corte Constitucional declaró inexequible un inciso del artículo 56 de la ley 2099 de 2021 en la que se obligaba a las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica a asumir los costos asociados con la adquisición, instalación y mantenimiento de los llamados medidores inteligentes.
La Corte Constitucional analizó una demanda que presentó la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos, aduciendo que se desconocía la norma del criterio de recuperación de costos, porque se les impedía a las compañías recuperar las erogaciones asociadas a la renovación de estos equipos.
Así las cosas, la Sala Plena de la Corte Constitucional señaló que son los usuarios quienes tienen derecho a adquirir el medidor inteligente por cuenta propia y hasta cambiar de proveedor si así lo determina.
Ahora bien, la decisión de la Corte Constitucional dejó claro que no será obligatorio el cambio de medidor de energía por contadores inteligentes y que las empresas no podrán cobrar este equipo vía tarifa.
“El cambio del medidor no es obligatorio y en caso de que el consumidor decida adquirirlo a través de su empresa prestadora del servicio, la factura no podrá aumentar en tal proporción que impida su pago a los consumidores de menos recursos, asimismo no está prohibido que las empresas de energía asuman voluntariamente los costos inherentes a los medidores y diseñen formas de negociación con sus usuarios para financiar tales costo sin trasladárselos”, señaló la decisión de la Corte Constitucional.
Para el caso del departamento de Córdoba la compañía Afinia había indicado que por disposición de la CREG al 2030 el 75% de los medidores de las empresas de energía del país deberán ser inteligentes, esto choca con la no obligatoriedad del cambio del medidor expresada por al Corte en su sentencia.
En su momento la proyección de la gerencia Córdoba de Afinia era instalar este año en Montería más de 20,000 unidades de medidores inteligentes que se suman a los ya 1.800 instalados.
Si antes de la decisión de la Corte existía resistencia y desconfianza por parte de los usuarios a realizar el cambio a medidores inteligentes, ahora que la empresa no está obligada a asumir el costo del equipo, se avizora un panorama mucho más complejo para el recambio tecnológico.