Las universidades públicas colombianas han dejado de recibir aproximadamente 19 billones de pesos en los últimos 33 años, según cálculos del Sistema Universitario Estatal (SUE). Este déficit acumulado refleja un desfinanciamiento estructural que afecta el funcionamiento y desarrollo de las instituciones de educación superior públicas en el país.
El presidente del SUE y rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, explicó que esta cifra “implica infraestructura, bienestar universitario, funcionamiento” y otros aspectos esenciales para la operación de las universidades. “Si la nación quisiera ponerse al día con las universidades públicas, eso costaría 19 billones de pesos”, afirmó Torres.
Este desfinanciamiento tiene su origen en los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que establecen el mecanismo de transferencia de recursos del Estado a las universidades basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, el crecimiento de las instituciones ha superado significativamente este indicador.
“Las universidades públicas hemos crecido 5 puntos por encima en funcionamiento con relación a lo que la nación nos transfiere”, señaló Torres. Como resultado, actualmente el 50% de los recursos con que funcionan las universidades públicas son generados por ellas mismas a través de la venta de servicios.
Para corregir esta situación, el SUE propone modificar los mencionados artículos de la Ley 30, reemplazando el IPC por un nuevo índice de canasta educativa. “Estamos hablando de un nuevo indicador de transferencia de la nación a las universidades que modifique o cambie el IPC por el índice de la canasta educativa”, explicó Torres.
La propuesta busca que el Estado pueda enviar a las universidades, año tras año, los recursos necesarios para su crecimiento y planificación a largo plazo. “Si yo en la proyección anual sé lo que voy a recibir, puedo planificar la vinculación de profesores, puedo planificar cada uno de los aspectos misionales que hoy nos toca solventar por recursos propios”, argumentó el rector.
Torres enfatizó que esta reforma no busca recuperar los recursos no recibidos en el pasado, sino corregir la tendencia a futuro. “Lo que necesitamos es que ya no sea la voluntad política, sino que sea una acción vía reforma que establezca el Congreso para que esos recursos estén definidos y fijos en el tiempo”, concluyó.
El SUE espera que esta propuesta de reforma, que lleva más de siete años en construcción, pueda ser debatida y aprobada en el Congreso durante la próxima legislatura, con el fin de garantizar un financiamiento sostenible para la educación superior pública en Colombia.
