Un juzgado de Santa Marta ordenó la suspensión inmediata de las actividades de exploración y explotación del área de interés de Perforación Exploratoria Tayrona, en el pozo Uchuva 2, a aproximadamente 31 kilómetros de la costa. La decisión se produce tras una acción de tutela presentada por la comunidad indígena de Taganga, quienes alegaron la violación de su derecho fundamental a la consulta previa.
El fallo, emitido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta, ordenó a Ecopetrol, Petrobras y diversas entidades estatales, incluyendo la ANLA, la ANH y los ministerios de Minas y Energía, del Interior, y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, detener todas las operaciones relacionadas con el proyecto hasta que se cumplan una serie de condiciones.
Entre las medidas ordenadas se encuentra la revisión y corrección de la Resolución ST-1630 de 2023 por parte del Ministerio del Interior, con el fin de reconocer explícitamente la presencia del Cabildo Indígena de Taganga en el área de explotación. Una vez expedida la resolución corregida, se deberá autorizar la realización de una consulta previa con la comunidad en un plazo no mayor a 30 días.
Adicionalmente, se solicitó a la ANLA y al Ministerio de Ambiente llevar a cabo un nuevo estudio de impacto ambiental y sociocultural que considere específicamente los efectos del proyecto sobre el Cabildo Indígena de Taganga y su relación con el entorno marítimo. Este estudio deberá completarse en un plazo no superior a cuatro meses.
Otras disposiciones incluyen la prohibición a Ecopetrol y Petrobras de utilizar nombres o símbolos culturales de la comunidad de Taganga sin su consentimiento expreso, la implementación de procesos de verificación independiente de la presencia de comunidades tradicionales en áreas de futuros proyectos por parte de la ANH y la ANLA, y el desarrollo de programas de capacitación para funcionarios públicos sobre los derechos de las comunidades ancestrales del agua.
El pozo Uchuva 2, cuya perforación inició el 19 de junio del año pasado, representa una importante oportunidad para abastecer las reservas de gas natural en Colombia según Ecopetrol.
Sin embargo, la decisión judicial prioriza los derechos de la comunidad indígena y establece un precedente significativo en la protección de los pueblos ancestrales en el contexto de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales.
