El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha decidido admitir a estudio una demanda que busca invalidar el nombramiento de Gustavo Bolívar como director del Departamento de Prosperidad Social, alegando irregularidades en el proceso.
La controversia gira en torno al decreto 280 del 5 de marzo de 2024, que oficializó la posición de Bolívar. Según los demandantes, el acto administrativo adolece de vicios de nulidad. “El acto demandado está viciado de nulidad, ya que no se publicó previamente el acto de nombramiento en encargo de Iván Enrique Fernández Pérez ni la finalización de dicho encargo”, argumenta la demanda, haciendo referencia al sucesor interino de Laura Sarabia Torres.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, el Tribunal no ha accedido a la solicitud de medida cautelar que buscaba suspender provisionalmente a Bolívar mientras se resuelve el caso. En su decisión, el organismo judicial señaló que no se cumplen los requisitos necesarios para tomar una medida tan drástica. Sin embargo, ha ordenado la recolección de pruebas documentales y testimoniales para determinar si existen fundamentos sólidos para anular el nombramiento.
Paralelamente, Bolívar enfrenta otro desafío legal en el Consejo de Estado. Una segunda demanda cuestiona sus calificaciones académicas y profesionales para el cargo. El demandante asegura: “Se ha evidenciado que el nombramiento se hizo sin que el designado reuniera los conocimientos y competencias exigidos por la Constitución, la ley, los reglamentos y el manual de funciones y competencias laborales, vulnerando el principio de igualdad y configurando una desviación de poder por parte del Gobierno nacional encabezado por el presidente de la República”.
La hoja de vida de Bolívar registra cinco años de experiencia en el sector público, principalmente por su paso por el Senado. Sin embargo, su renuncia en 2018 para postularse a la Alcaldía de Bogotá y las dudas sobre su formación profesional han avivado el debate sobre su idoneidad para el cargo.
