El Senado de la República ha aprobado en un cuarto debate un proyecto de ley que prohíbe las “marcas de gobierno” en Colombia. Estas marcas se refieren a logos y publicidad utilizados por los candidatos electos cada cuatro años, ya sean alcaldes, gobernadores o presidentes. El proyecto de ley ahora debe pasar por el proceso de conciliación y recibir la sanción presidencial para convertirse en ley.
La iniciativa legislativa fue presentada por los representantes a la Cámara del Partido Verde, Carolina Giraldo Botero y Cristian Avendaño, con la senadora Angélica Lozano, también del Partido Verde, a cargo de su trámite en el Senado. Según cifras citadas de la Contraloría General de la República, esta medida podría ahorrar a Colombia alrededor de $2,4 billones de pesos al año en gastos relacionados con cambios en logos, imagen, colores, eslogan y otros aspectos de la marca gubernamental.
La ley propuesta establecería que cada entidad del Estado mantenga una identidad visual propia e inalterable, independientemente de la persona que ocupe el cargo durante un período determinado, incluyendo alcaldías, gobernaciones, presidencia, ministerios, Fuerzas Militares, Congreso y entidades de control.
La representante Carolina Giraldo, autora del proyecto, celebró la medida y destacó que el gasto en la promoción de “superhombres” y “súper gobernantes” con recursos públicos debe cesar en un momento en el que el Gobierno busca la austeridad y una mejor asignación de recursos.
La senadora Angélica Lozano señaló que esta medida beneficia a quienes abogan por la austeridad en un país que ha gastado sumas significativas en el posicionamiento de sus líderes políticos. Según datos de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), entre 2018 y 2022, el presidente de la República gastó $46.000 millones en posicionamiento, mientras que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, habría gastado $81.000 millones y el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, $94.600 millones en publicidad oficial en un período similar.
La medida busca eliminar los gastos innecesarios relacionados con la creación de marcas personalizadas por parte de los gobiernos de turno y promover un uso más eficiente de los recursos públicos.
