La juez tercera Penal Municipal de Bogotá modificó su decisión inicial y ordenó el traslado de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz a una guarnición militar, en lugar de un centro carcelario.
La medida preventiva de privación de libertad se mantuvo en el marco de la investigación por su presunta participación en actos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La defensa de Ortiz, encabezada por el abogado Oswaldo Medina, presentó un recurso de reposición argumentando que su traslado a un centro penitenciario podría poner en riesgo su integridad física, dada la existencia de amenazas en su contra. Tras analizar el caso, la juez consideró que garantizar su seguridad es prioritario y aprobó su reclusión en una instalación militar.
La decisión se da en medio de las investigaciones sobre un presunto desvío de recursos en contratos de la UNGRD. Ortiz es señalada de haber facilitado acuerdos irregulares mientras ejercía funciones en la administración pública.
