Sala Plena de la Corte debe definir bajo qué ley se desarrollará el caso Uribe

Aunque la jueza dice tener competencias en el caso, hay un conflicto de normatividad que debe dirimir la sala plena de la Corte.


La juez 30 de garantías decidió enviar el expediente del ex senador Álvaro Uribe Vélez a la sala plena de la Corte Suprema de justicia para que defina qué ley y autoridad llevará el caso del exsenador por presunto fraude procesal y soborno a testigos.

Según el criterio de la jueza y acogiendo argumentos de Fiscalía, Procuraduría y defensa de Uribe, el caso debería pasar a ley 906, es decir sistema penal acusatorio, sin embargo, existe un conflicto de normatividad.

Por lo anterior la jueza se amparó en los artículos 17 y 18 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, la cual establece que es “la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia la encargada de definir los conflictos o definiciones de competencias cuando quiera que estas no correspondan a alguna de sus salas o a ninguna autoridad judicial” como es el caso.

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En este orden de ideas será entonces la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia la que determine si el caso continúa por la ley 600 en el cual venía o si debe pasar a la justicia ordinaria bajo la ley 906 del sistema penal acusatorio.

Si la Corte dice que la juez tiene la razón vuelve a su despacho, el proceso y le da la palabra a la defensa de Álvaro Uribe para que elevé la solicitud de libertad, pero si la Corte por el contrario argumenta que el proceso debe continuar en ley 600 el proceso pasará a la Fiscalía y seguirá por este régimen procesal.

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La defensa del senador Iván Cepeda parte en este proceso había solicitado que el expediente en contra de Álvaro Uribe continuará en la Corte Suprema de Justicia tal y como venía, mientras que la defensa de Uribe, el fiscal del caso y hasta el Ministerio Público, señalaron que se debía llevar por el sistema penal acusatorio tras la renuncia de Uribe a su fuero como congresista.



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