La Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación sobre una lista de recomendaciones políticas para nombramientos en cargos clave dentro de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA).
Este listado contiene los nombres de influyentes figuras políticas que, según el ministro de Comercio y exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, sugirieron personas para ocupar puestos estratégicos dentro de estas entidades.
La preocupación radica en la posibilidad de que algunas de estas designaciones puedan estar vinculadas a redes de contrabando y corrupción.
En la lista figuran más de 30 congresistas, entre ellos miembros de la bancada de gobierno, pero también opositores de partidos como el Centro Democrático y Cambio Radical.
Además, aparecen funcionarios y exfuncionarios que no hacen parte del Congreso, pero que, según el documento, promovieron candidaturas para puestos en la DIAN.
Entre los nombres destacados se encuentra el actual jefe de Despacho de la Presidencia, Armando Benedetti, quien habría recomendado a tres personas para direcciones de aduanas en Barranquilla y Cartagena.
Asimismo, el hoy procurador general, Gregorio Eljach, figura en la lista con una postulación para la dirección de la DIAN en Cali. Asimismo, aparece el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, quien habría recomendado a un candidato para Buenaventura.
Otro nombre relevante es el del embajador en el Reino Unido, Roy Barreras. Según Reyes, Barreras participó en reuniones donde se abordaron estos nombramientos y mencionó a varios candidatos para direcciones en Buenaventura y Cali.
Barreras ha negado conocer a las personas que aparecen en la lista, aunque Reyes sostiene que hubo conversaciones al respecto.
Entre los legisladores mencionados están el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien habría solicitado un nombramiento en Cartagena; el senador Enrique Cabrales, quien supuestamente propuso un candidato para Sincelejo; y varios miembros del Centro Democrático que habrían solicitado ascensos y traslados dentro de la DIAN.
El impacto de esta investigación podría ser significativo, ya que la Fiscalía podría determinar si hubo un presunto delito de tráfico de influencias.
La investigación también abarca casos de Cambio Radical, el Partido de la U y el Partido Conservador. Algunos legisladores habrían solicitado ascensos y traslados en regiones estratégicas como Medellín, Riohacha y Montería, lo que genera preocupación sobre posibles influencias indebidas en las estructuras de aduanas y fiscalización tributaria.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, ha enfatizado que recomendar personas para cargos públicos no constituye un delito por sí mismo.
Sin embargo, la gravedad de estas recomendaciones radica en la posibilidad de que algunas de ellas hayan facilitado la infiltración de redes criminales en instituciones clave para el control de aduanas y el comercio exterior.
