Los policías investigados por la masacre de tres jóvenes en el corregimiento de Chochó, el 25 de julio de 2022, han sido reintegrados a sus cargos, generando inquietud en la comunidad. La subintendente de la policía y los patrulleros procesados fueron retornados a sus funciones, mayoritariamente en el departamento de Sucre.
Aunque los uniformados recobraron la libertad por vencimiento de términos en agosto, después de pasar un año tras las rejas, el proceso legal sigue su curso. A pesar de continuar vinculados al caso, la policía les ha devuelto sus puestos de trabajo.
El abogado de las familias de las víctimas, Aníbal Garay, expresó su preocupación sobre el sistema judicial, afirmando que el Sistema Penal Acusatorio Ley 906 de 2004 no ha servido adecuadamente desde el inicio. «El proceso sigue, pero lo enfrentarán en libertad, porque el sistema está colapsado. Aquí reclamo sobre esa situación», añadió Garay.
Siete uniformados fueron asignados a Sucre, uno a Santander, otro a Medellín y uno más a Pereira. Durante su detención en la cárcel La Picota de Bogotá, los agentes enfrentaron más de 240 días sin que se iniciara el juicio oral, debido a la deficiente conectividad a internet en el centro penitenciario, lo que provocaba frecuentes aplazamientos de las audiencias.
Desde su libertad y al interior de la institución, los uniformados deberán demostrar su inocencia o responsabilidad en la masacre que cobró la vida de Carlos Ibáñez, Jesús David Díaz y José Carlos Arévalo.
El abogado aseguró que el caso no quedará impune y que los patrulleros y subteniente de la Policía Nacional se enfrentarán al juicio, defendiéndose en libertad.