Los departamentos, distritos y municipios de Colombia dejaron de recibir 388 billones de pesos entre 2002 y 2023 debido a las reformas constitucionales que modificaron el Sistema General de Participaciones (SGP), según un análisis del exministro y experto en finanzas públicas, Amylkar Acosta.
Esta reducción en las transferencias territoriales se originó tras las reformas constitucionales de 2001 y 2007, que desvincularon el crecimiento del SGP de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN). Como consecuencia, el porcentaje de transferencias cayó del proyectado 46.5% al actual 21.3% de los ICN.
Los sectores más afectados por este recorte han sido salud, educación y saneamiento básico, áreas que dependen directamente de estos recursos para su funcionamiento en las regiones. La situación se agravó cuando el gobierno central delegó nuevas funciones a los territorios sin garantizar el respaldo financiero correspondiente.
La pérdida de recursos coincide con un proceso de recentralización fiscal que contradice el espíritu descentralizador de la Constitución de 1991. Este fenómeno ha llevado a que más de un millón de ciudadanos respalden un referendo por la autonomía fiscal de las regiones.
El impacto de estos recortes se refleja en las limitaciones presupuestales que enfrentan las entidades territoriales para cumplir con sus obligaciones en servicios básicos. Mientras tanto, una nueva reforma al SGP se discute en el Congreso, buscando restablecer gradualmente el porcentaje original de transferencias hasta 2036.
La cifra de 388 billones no transferidos ha generado un debate sobre la sostenibilidad fiscal del país. Mientras ANIF y el Comité de Regla Fiscal advierten sobre los riesgos de aumentar las transferencias, las regiones argumentan que la solución está en fortalecer el recaudo y reducir la evasión tributaria, estimada en 80 billones anuales según la DIAN.
