Radican acción popular en contra del proceso de venta de Isagén

Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca un grupo de senadores, el sindicato de Isagén, Sintraisagén, y la Red de Justicia Tributaria radicaron hoy una acción popular en contra de la forma como fue vendida la generadora de energía Isagén. El recurso busca evitar que se concrete el pago de la misma y la transferencia de las acciones, lo que no se ha llevado a cabo, al fondo de inversiones Brookfield que se hizo a la participación de la Nación en...


Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca un grupo de senadores, el sindicato de Isagén, Sintraisagén, y la Red de Justicia Tributaria radicaron hoy una acción popular en contra de la forma como fue vendida la generadora de energía Isagén.

El recurso busca evitar que se concrete el pago de la misma y la transferencia de las acciones, lo que no se ha llevado a cabo, al fondo de inversiones Brookfield que se hizo a la participación de la Nación en Isagén el pasado 13 de enero por 6.49 billones de pesos.

La acción judicial argumenta la existencia de irregularidades en el proceso de adjudicación de las acciones de Isagén, argumentando que se violó el derecho a la libre competencia, que supuestamente se ocasionó un detrimento en el patrimonio público y que se habría afectado gravemente la moralidad administrativa.

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Según los demandantes, el proceso aún puede detenerse porque tanto el Gobierno Nacional como el fondo de inversiones Brookfield tenían suficiente información sobre los procesos legales en curso ante el Consejo de Estado y porque finalmente no hubo una subasta con múltiples oferentes.

A su llegada al Tribunal, el senador del Polo Democrático Jorge Robledo señaló que la acción popular resalta que en el proceso realmente no se promovió bien la participación de varios oferentes , ni se aplazó la misma cuando se supo que solo estaba un oferente.

“Colbun nunca decidió participar en la puja por Isagén, fue una subasta de uno con detrimento patrimonial”, indicó.

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A esta acción judicial se suman dos demandas interpuestas ante el Consejo de Estado que buscan que se declare ilegal el decreto que avaló la venta.



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