El Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en representación del Gobierno Nacional, radicó este martes 24 de septiembre en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el proyecto de reforma política. La iniciativa se fundamenta en tres pilares: la financiación predominantemente estatal de las campañas, las listas cerradas para elecciones a corporaciones públicas y una autoridad electoral estable e independiente.
En cuanto a la financiación de campañas, el Gobierno busca evitar la “influencia indebida” de dinero privado en la política. Para lograrlo, se busca implementar una financiación principalmente estatal, limitando las donaciones privadas.
Asimismo, el documento propone la creación de un Registro Nacional de Proveedores Electorales, mediante el cual las campañas adquieran financiación únicamente de proveedores registrados. Además, se espera que todas las transacciones sean bancarizadas.
En ese sentido, la reforma propone que el Estado provea anticipos para cubrir los gastos de campaña, repartidos según criterios de igualdad, resultados anteriores e inclusión de mujeres y jóvenes.
Por otro lado, el documento establece que a partir de 2030 se implementarán listas cerradas y bloqueadas para Congreso, Asambleas Departamentales y Concejos Municipales.
En cuando al fortalecimiento de los partidos políticos, se plantea la presentación de listas completas donde los candidatos no compiten entre sí, con lo que se espera fomentar la coherencia ideológica y una representación programática clara. Las listas cumplirán con criterios de paridad, alternancia y universalidad para promover una mejor representación de las mujeres en política.
En tercer lugar, la reforma busca asegurar una autoridad electoral independiente. En ese sentido, la reforma propone que la selección de los nueve magistrados del Consejo Nacional Electora, se haga mediante concursos públicos, eliminando la intervención política en su nombramiento.
Entre sus nuevas facultades estarán: vigilar y ajustar el censo electoral, fijar topes de gasto de las campañas y revocar las candidaturas de personas inhabilitadas.
