En el marco del debate sobre la reforma a la justicia que se adelanta en el Congreso, la Procuraduría General de la Nación reiteró su oposición a la propuesta de rebajar las penas para agresores sexuales de niños y niñas.
Durante una audiencia pública en la Comisión Primera del Senado, el Procurador Delegado ante la JEP, Christian Wolffhügel, expresó su preocupación por las posibles consecuencias de esta medida en la protección de las víctimas y el funcionamiento del sistema penal.
El Delegado subrayó que la solución a la lentitud de los procesos penales radica en la aplicación de medidas ya existentes y no en la disminución de las condenas para los agresores de niños y niñas.
Desde la perspectiva del ente de control, la posibilidad de reducir las penas no asegura una mayor celeridad en los procesos judiciales ni evitará la presentación de recursos. Wolffhügel recordó que los jueces ya disponen de herramientas para agilizar los procesos y que el sistema de justicia contempla mecanismos de “justicia premiada” mediante la aceptación de cargos.
El Procurador Delegado advirtió que una rebaja de penas como incentivo podría interpretarse como una manera de restar gravedad a crímenes tan atroces como el abuso sexual, lo que afectaría la confianza en el sistema de justicia y en la protección de las víctimas.
Sin embargo, otras voces destacadas de la rama judicial manifestaron su respaldo a la iniciativa. La Fiscal General, Luz Adriana Camargo, subrayó que, aunque la violencia sexual contra menores es una tragedia que no puede ser ignorada, las rebajas de pena vía allanamiento serían muy útiles para el sistema judicial.
Por su parte, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, aseguró que las altas penas no disuaden al delincuente y que la efectividad de la justicia en Colombia se logra cuando se robustecen adecuadamente los mecanismos de allanamiento y preacuerdos.
El artículo que busca la reducción de penas será debatido en un desayuno entre los senadores de la Comisión Primera, donde se espera que los legisladores tomen una decisión sobre si mantener o no ese punto en la ponencia.
